Organizaciones del sector expresan inquietud ante posibles cambios normativos que afectarían prestaciones, pensiones y derechos adquiridos.
El nuevo proyecto de ley sobre discapacidad impulsado por el Gobierno nacional generó un fuerte rechazo en organizaciones del sector. En diálogo con La Mañana de El Esquiú (Radio El Esquiú 95.3), Griselda Bazán, presidenta de la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (Apyfadim), describió un escenario marcado por la incertidumbre y advirtió sobre consecuencias concretas para personas con discapacidad y sus familias.
“Nos despertamos con la incertidumbre de saber qué va a pasar”, afirmó, al cuestionar una serie de medidas que, según explicó, se vienen acumulando desde el inicio de la actual gestión. Bazán sostuvo que el sector no encuentra respuestas ni previsibilidad: “Las medidas solamente generan incertidumbre, angustia y retroceso sobre derechos que ya se han adquirido”.
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la posible modificación en el esquema de prestaciones. Según indicó, el proyecto habilitaría a las obras sociales a definir los valores que se pagan por terapias y servicios. “Vamos a andar con eso de que obras sociales le pagarán más, otras menos, prestadores que no querrán trabajar con determinadas obras sociales”, señaló. Para la dirigente, esto impactaría directamente en la continuidad de tratamientos.
Frente a la impotencia de este nuevo panorama impuesto, expresó: “Nos molesta y nos duele, y nos preguntamos, ¿qué le pasa a Milei con la discapacidad?”. El conflicto no se limita al nuevo proyecto. Bazán también aludió a las ya existentes dificultades derivadas de auditorías y reempadronamientos recientes, que implicaron la baja de pensiones sin notificación. “Una va al banco a querer cobrar y no lo tiene al dinero”, relató sobre situaciones que obligaron a familias a iniciar reclamos judiciales.
La dirigente cuestionó además los argumentos oficiales sobre supuestas irregularidades en el sistema. Aseguró que, en los casos relevados por la asociación, no se detectaron bajas justificadas por fraude, a excepción de un caso. El impacto económico agrava el cuadro. Bazán detalló que las pensiones actuales oscilan entre montos bajos que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, en contextos donde muchas personas requieren medicación permanente y asistencia. A esto se suma la incertidumbre sobre la compatibilidad entre empleo y beneficios, lo que, según explicó, limita aún más las posibilidades de inserción laboral.
El escenario se completa con críticas al funcionamiento de organismos locales. La titular de Apyfadim sostuvo que la Dirección de Discapacidad provincial no brinda respuestas ni acompañamiento. Mientras tanto, la organización asiste a 72 personas en forma directa y mantiene contacto con 380 asociados en toda la provincia.
El cuadro que describe el sector combina recortes, cambios normativos en discusión y dificultades de acceso a servicios. Para las familias, el resultado es inmediato: más trámites, menos certezas y una carga adicional en la vida diaria.