Una medida judicial busca que los progenitores respondan económicamente por las falsas alarmas, con el objetivo de desalentar estos episodios en aumento.
La Justicia del Departamento Judicial de Mar del Plata resolvió que los padres de alumnos que realicen amenazas contra establecimientos educativos deberán afrontar los costos de los operativos policiales que estos hechos generan. La medida, impulsada por el fiscal general Fabián Fernández Garello, ya comenzó a aplicarse en toda la jurisdicción.
Según informaron fuentes judiciales, en la región se registraron al menos diez casos recientes de amenazas a escuelas. En uno de ellos, un adolescente de 17 años fue imputado por el delito de intimidación pública. Las investigaciones también buscan determinar si estos hechos están vinculados a desafíos virales o conductas replicadas a través de redes sociales, lo que podría explicar su propagación entre los jóvenes.
Desde la Justicia señalaron que la iniciativa no solo tiene un carácter sancionatorio, sino que apunta a generar conciencia en las familias sobre la gravedad de estas acciones, las cuales movilizan recursos de seguridad y alteran el normal funcionamiento de las instituciones educativas.