El Gobierno y la entidad bancaria rechazan irregularidades en la línea de financiamiento para vivienda, mientras legisladores oficialistas explican haber accedido a los préstamos bajo los mismos términos que cualquier ciudadano.
El otorgamiento de créditos hipotecarios del Banco de la Nación Argentina generó un debate político luego de que sectores de la oposición denunciaran posibles privilegios para funcionarios y legisladores oficialistas. El presidente Javier Milei defendió la política de financiamiento a través de sus redes sociales, relativizando las críticas y afirmando que el programa aplica para «muchos miembros de la casta política».
Desde el Gobierno y el propio banco se rechazó cualquier irregularidad. Fuentes de la entidad aseguraron que las líneas de crédito están disponibles para empleados del sector público y que no existen excepciones. «No hay privilegios. El que califica, accede», remarcaron. En un comunicado oficial, el banco defendió el programa de créditos hipotecarios en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) y lo definió como una herramienta clave para el acceso a la vivienda.
Según datos difundidos, nueve de cada diez préstamos de este tipo en el país son otorgados por la entidad, que ya superó los 27.000 créditos desde el relanzamiento de la línea. El alcance del programa se explica, en parte, por el peso del Banco Nación en la administración de cuentas sueldo del sector público nacional, donde más del 95% de los trabajadores elige operar con el banco estatal.
La polémica escaló tras la difusión de una lista de funcionarios y legisladores que habrían accedido a estos créditos. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para conocer los mecanismos de otorgamiento y control de estos préstamos.
Entre los nombres señalados aparece el diputado de La Libertad Avanza Mariano Campero, quien rechazó las acusaciones y calificó las versiones como «maliciosas». A través de sus redes sociales, el legislador explicó que accedió a un crédito hipotecario UVA en mayo de 2025 por 275 millones de pesos, destinado a la compra de su primera vivienda en Yerba Buena, Tucumán. Campero subrayó que se trata de una herramienta accesible para cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos y negó haber recibido beneficios especiales.
«Un crédito hipotecario no es un privilegio político, es una deuda que nos permite tener nuestra casa y que se paga con esfuerzo durante 20 o 30 años», afirmó. El diputado también detalló que, debido a la actualización por inflación propia del sistema UVA, su deuda asciende actualmente a 322 millones de pesos.
Además de Campero, la lista incluye a otros funcionarios vinculados al oficialismo, lo que incrementó la presión política sobre el Gobierno. Mientras el oficialismo insiste en que no hubo trato diferencial, la oposición busca avanzar con investigaciones para determinar si existieron beneficios indebidos en el acceso a estos préstamos en un contexto económico sensible.