La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble estratégico para la reactivación del Parque Industrial El Pantanillo. Segun el oficialismo la iniciativa, que ahora deberá ser tratada en el Senado, busca impulsar la matriz productiva provincial en un contexto de crisis industrial nacional.
Durante el debate, el presidente del bloque oficialista, Juan Carlos Ledesma, defendió la propuesta y lanzó críticas a la oposición: “Qué irónico que los que hablan de cerrar empresas son los que hacen lo mismo a nivel nacional, hay que rever primero los dichos. El gobierno de la provincia trabaja para salvaguardar el empleo de los catamarqueños”.
En la misma línea, Hernán Díaz subrayó que el proyecto “no es abstracto” y que su finalidad es “recuperar el desarrollo productivo”, al remarcar que existen espacios ociosos en el Parque Industrial que deben ponerse en funcionamiento para generar empleo genuino.
Pablo Castro también cuestionó a sectores opositores al advertir contradicciones entre el discurso de reducción del Estado y el rechazo a iniciativas productivas: “Se perdieron más de 22 mil empresas y ni siquiera pueden generar un puesto de trabajo”.
La diputada Natalia Ponferrada advirtió sobre el impacto de la crisis en sectores clave como la salud, la industria y la construcción, mientras que Eduardo Andrada afirmó que “la crisis generada por el gobierno nacional repercutió en la actividad local y desvirtuó el objetivo original del parque industrial”. Por su parte, Sonia Nabarro confirmó el acompañamiento del bloque, aunque sumó cuestionamientos en el marco del debate.
El cierre de Neba
El tratamiento legislativo se dio en paralelo a un golpe duro para la industria provincial: la empresa Neba, con más de 50 años de historia en Catamarca, anunció el cierre definitivo de su planta en El Pantanillo, dejando sin trabajo a 56 empleados, que se suman a los 34 despidos registrados en enero.
Uno de los operarios, con 28 años de servicio, relató: “La comunicación fue verbal. Ya veníamos con una situación incómoda porque mes a mes la producción venía en decremento y no estaba dentro de los canales normales, siempre se venía detonando que era una dulce espera, una agonía”. Otro trabajador, con 36 años de antigüedad, fue más directo: “Esta política nacional está matando a toda la industria y, a su vez, quitando puestos de trabajo”.
La situación es especialmente crítica para un plantel donde más de la mitad de los empleados tiene entre 50 y 60 años. “Es una gran pena perder el puesto laboral, no solo por el trabajo sino porque no podemos llevar el pan a nuestras familias. Quedamos en el camino con una edad avanzada y muchos no vamos a poder reinsertarnos”, lamentó otro obrero durante la protesta pacífica en la entrada de la fábrica.
Panorama nacional
El cierre de Neba se inscribe en un escenario de recesión profunda de la industria argentina. Según el último informe de la consultora Audemus, el sector acumuló una caída del 7,9% promedio respecto a 2023, consolidando al país como el segundo con mayor retroceso industrial entre 56 naciones relevadas por la ONUDI, solo detrás de Hungría. Mientras tanto, países vecinos como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) mostraron signos de expansión sostenida.
División de las aguas por la cuestión de género
La Cámara de Diputados d aprobó el proyecto de ley del Código Procesal del Derecho de las Familias, que establece un marco autónomo y especializado para la resolución de conflictos familiares. La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por el Senado, prevé su entrada en vigencia el 1 de agosto de 2026 y busca consolidar un sistema judicial más ágil, accesible y centrado en las personas.
Sin embargo puesto el proyecto sobre la mesa, las cuestiones de genero generaron un acalorado debate que no solo dividió opniones en un mismo bloque, sino que una vez más marcó agenda con las diferencias sociales, culturales y políticas entre hombres y mujeres, estereotipos y violencias.
Durante el debate, legisladoras del Frente de Todos defendieron la perspectiva de género, contra la posición de la bancada libertaria, que votó en contra de la iniciativa justamente por la inclusión de estos criterios.
Quien más sorprendió en el recinto fue Natalia Saseta, del PRO, quien votó a favor del proyecto.
Saseta se mostró contundente con su discurso afirmando: “Detrás de cada causa hay historias, hay niños y hay vulnerabilidad. Acompañar este proyecto es elegir una justicia más humana”.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Exequiel Moreno, fue el miembro informante y destacó el alcance estructural de la propuesta: “Este proyecto no es una reforma, es una modernización del Código Procesal de Familia. Propone un cambio de paradigma con una mirada más humana, atendiendo las realidades sociales. No regula expedientes, regula dolor, regula realidades”. Moreno subrayó que se trata de un trabajo “serio, consensuado y técnicamente elaborado”, que apunta a un rol más activo de los jueces con respuestas concretas.
El nuevo Código incorpora principios rectores como la oralidad, la celeridad, la tutela judicial efectiva, la perspectiva de género y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.
También introduce herramientas tecnológicas como el expediente digital y regula el uso ético de la inteligencia artificial, estableciendo su carácter exclusivamente auxiliar dentro del proceso judicial.