La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia de la Nación abrió una nueva etapa en la estrategia del Gobierno para avanzar con la designación de jueces, fiscales y defensores públicos, en un sistema judicial que acumula cientos de vacantes en todo el país.
El funcionario asumió la semana pasada, en reemplazo de Mariano Cúneo Libarona y ya definió como una de sus primeras prioridades enviar al Senado los pliegos para cubrir 313 cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Se trata de postulaciones que en gran parte ya completaron el proceso de selección en el Consejo de la Magistratura y otros organismos competentes, pero que aún esperan el trámite político final para su designación.
Según fuentes oficiales, el objetivo del nuevo ministro es remitir esas candidaturas a la Cámara alta en las próximas semanas. Allí deberán ser analizadas por la Comisión de Acuerdos y luego votadas en el recinto, un paso imprescindible para que los nombramientos se concreten.
Los números explican la urgencia, ya que actualmente más de un tercio de los cargos de jueces nacionales y federales se encuentran vacantes, mientras que en el Ministerio Público Fiscal la situación es aún más crítica, con casi la mitad de los puestos sin cubrir. Durante los más de dos años de gestión de La Libertad Avanza, el Gobierno no logró designar jueces ni fiscales, por lo que la acumulación de cargos vacíos se convirtió en uno de los principales problemas del sistema judicial.
Vacantes en Catamarca
En ese escenario, Catamarca también espera definiciones. La provincia tiene dos vacantes en el Tribunal Oral Federal que dejaron el juez Adolfo Guzmán, tras su jubilación en 2020, y Juan Carlos Reynaga, fallecido en 2023. Ambos cargos ya cuentan con ternas definidas por el Consejo de la Magistratura y sólo resta que el Poder Ejecutivo elija a los candidatos y envíe los pliegos al Senado para su tratamiento. Para el primer cargo, la terna está integrada por Carlos Felipe Díaz Lannes, Ana María Busleiman y Carlos Ezequiel Oneto. En tanto que la segunda terna está conformada por María Virginia Miguel Carmona, Guillermo Antonio Altamirano y Pablo Javier Flores.
A estas vacantes se suma la de fiscal ante el Tribunal Oral Federal, que quedó libre tras el traslado de Rafael Vehils Ruiz a la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. En este caso, el proceso aún debe iniciar con el correspondiente concurso. La eventual remisión de los pliegos al Senado permitiría avanzar en la cobertura de esos puestos, un paso clave para completar la integración de tribunales que tienen un rol central en el juzgamiento de delitos federales.
Acuerdos estratégicos
La estrategia del Gobierno contempla avanzar de manera gradual con los nombramientos, priorizando aquellos tribunales donde el proceso de selección está más avanzado y donde la falta de jueces genera mayores dificultades en el funcionamiento del sistema judicial.
Sin embargo, el desafío no es solo administrativo sino también político. Las designaciones judiciales requieren el acuerdo del Senado, por lo que el oficialismo necesita construir mayorías para aprobar los pliegos. En ese escenario, en la Casa Rosada confía en tener los números, sumado al respaldo de sectores dialoguistas y de algunos gobernadores que en los últimos meses acompañaron distintas iniciativas del Gobierno nacional. Entre ellos el bloque de Convicción Federal, que logró incorporar a la senadora tucumana Sandra Mendoza a la estratégica Comisión de Acuerdos, el ámbito clave donde se analizan los pliegos de jueces antes de llegar al recinto.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia también tiene en agenda otras reformas vinculadas al funcionamiento del sistema judicial, entre ellas la implementación del sistema procesal acusatorio, que busca modificar el esquema de investigación penal y otorgar un rol más central a los fiscales.