jueves, 26 de febrero de 2026 01:26
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Catamarca reprogramó el inicio del debate para el 25 de marzo y autorizó el traslado de Edgar Adhemar Bacchiani a una reunión solicitada por el Ministerio Público Fiscal. El abogado querellante Alfredo Aydar se opuso tajantemente a la medida, denunciando “falta de transparencia” y una supuesta amistad íntima entre el fiscal Vehils Ruiz y el abogado defensor del imputado.
Un nuevo y polémico capítulo se abrió ayer en la megacausa por las estafas piramidales de Adhemar Capital. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) emitió una resolución (decreto de fecha 25/02/2026) que encendió las alarmas de las querellas y generó una fuerte presentación judicial.
En primer lugar, el TOCF dispuso suspender la audiencia prevista para este jueves 26 de febrero, fundamentando la decisión en que el tribunal se encuentra “momentáneamente desintegrado” al no haberse prorrogado la subrogancia permanente de uno de sus integrantes. De esta manera, el debate oral fue reprogramado para el próximo 25 de marzo a las 9.30 horas.
Sin embargo, el punto que desató la controversia fue el inciso II del decreto. Atendiendo a una solicitud del Ministerio Público Fiscal (MPF), el Tribunal libró un oficio al Juzgado de Ejecución Penal de 3° Nominación de Córdoba para autorizar el traslado de Edgar Adhemar Bacchiani a la sede de la Fiscalía General de Catamarca, con el fin de “mantener la audiencia requerida por el encartado”.
Cabe destacar que, conocida la resolución, el abogado querellante Alfredo Alejandro Aydar presentó inmediatamente un escrito formal de oposición, solicitando que se deje sin efecto el traslado y la reunión privada.
En su escrito, Aydar esgrimió fuertes fundamentos. En primer lugar, denunció una “falta de transparencia y ausencia de resultados concretos”. Señaló que el MPF ya ha solicitado reuniones anteriores con Bacchiani sin que se informara al Tribunal ni a las querellas sobre el contenido, alcance o resultados, y sin que esto se tradujera en un avance hacia la “reparación integral del daño ni solución concreta para las víctimas”.
Además, el letrado remarcó que, dado que la causa ya se encuentra en la etapa de juicio oral, rigen los principios de inmediación, publicidad y contradicción. “Cualquier audiencia o reunión que pudiera tener impacto en el proceso debe realizarse con intervención de todas las partes y bajo control jurisdiccional”, argumentó Aydar, calificando de “impropia” una reunión privada a esta altura del proceso.
El punto más resaltante del planteo de la querella advierte sobre un supuesto “riesgo institucional”. Aydar dejó asentado en su escrito judicial que el actual defensor de Bacchiani, el Dr. Angelina, “mantiene una relación personal de estrecha amistad con el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz”.
Para la querella, esta circunstancia “impone extremar recaudos institucionales a fin de preservar la objetividad y transparencia del proceso”, asegurando que un traslado para reuniones reservadas en este contexto “constituye un riesgo institucional innecesario que no debe ser soportado por las víctimas”.
No obstante, en caso de que el Tribunal rechace la oposición y decida avanzar con la reunión entre Bacchiani y la Fiscalía, el Dr. Aydar solicitó como “plan B” que se disponga la presencia obligatoria de todas las partes (incluyendo querellas y defensas), que se notifique con suficiente antelación y que todo el encuentro “sea registrado por los medios técnicos pertinentes, asegurando constancia íntegra de lo actuado”.