domingo, 15 de febrero de 2026 12:59
El Gobierno de Neuquén dispuso la cesantía de Nicolás Salvatori, empleado de planta permanente del Ministerio de Energía provincial, luego de que una investigación administrativa comprobara ausencias injustificadas y la falta de prestación efectiva de tareas durante varios años, pese a registrar su ingreso.
Salvatori es hijo del exgobernador Pedro Salvatori y fue desvinculado tras un sumario que incluyó el análisis de cámaras de seguridad y sistemas de control de personal. Según se informó oficialmente, los registros lo mostraban fichando su ingreso y retirándose poco después sin cumplir la jornada laboral.
La Junta de Disciplina de la Administración Pública Provincial concluyó que el agente no prestó servicios efectivos en el período investigado, pese a figurar como presente en el sistema. La conducta fue documentada en al menos cinco registros fílmicos correspondientes a mayo y junio de 2025, lo que permitió avanzar con el proceso que derivó en el decreto de cesantía.
En la resolución se señala que el exagente transgredió el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la provincia. La medida se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Rolando Figueroa, orientadas —según indicaron— a optimizar recursos y mejorar la eficiencia del Estado.
En paralelo, la Fiscalía de Neuquén presentó una denuncia penal por presunto fraude a la administración pública. La acusación sostiene que Salvatori habría percibido salarios durante casi cuatro años sin cumplir funciones, lo que habría generado un perjuicio económico para la provincia. El delito está contemplado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal.
Durante la investigación también se constató que el exempleado no contaba con usuario activo en el sistema de gestión digital GDE, no completó capacitaciones obligatorias ni presentó documentación exigida por la normativa vigente.
El Ejecutivo provincial dispuso además la suspensión sin goce de haberes y ordenó iniciar los mecanismos para recuperar las sumas abonadas. En caso de no lograrse el reintegro, se dará intervención a la Fiscalía de Estado ante una eventual acción por enriquecimiento sin causa en perjuicio de la administración pública.