El Gobierno nacional oficializó un aumento salarial para ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades superiores del Poder Ejecutivo, aunque la medida no alcanzará al presidente Javier Milei ni a la vicepresidenta Victoria Villarruel. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 931/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La norma establece que, a partir de enero de 2026, las autoridades superiores del Ejecutivo comenzarán a percibir los incrementos salariales acumulados acordados en las paritarias de la Administración Pública Nacional durante 2024 y 2025, los cuales hasta ahora no se aplicaban a ese segmento de funcionarios.
El decreto alcanza a ministros, secretarios y subsecretarios, así como a autoridades incluidas en los distintos regímenes jerárquicos del Estado nacional y a funcionarios con rango equivalente. Sin embargo, aclara de manera expresa que el Presidente y la Vicepresidenta quedan excluidos de cualquier actualización salarial dispuesta por esta medida.
Según se desprende de los considerandos, el Gobierno fundamentó la decisión en el ordenamiento de la estructura salarial del Estado, luego del ajuste inicial aplicado al inicio de la gestión, cuando se congelaron los haberes de los altos cargos como parte del programa de reducción del gasto público.
La normativa también fija condiciones fiscales estrictas: si la Administración Pública Nacional registra un déficit fiscal financiero acumulado, los salarios de las autoridades superiores quedarán automáticamente congelados, sin necesidad de un nuevo acto administrativo, hasta que se restablezca el superávit.
Otro punto relevante es que los aumentos no tendrán efecto retroactivo y comenzarán a regir desde el primer día del mes siguiente a la entrada en vigencia del decreto. Además, los futuros incrementos salariales que se acuerden en paritarias para el resto del personal estatal también podrán aplicarse a los altos funcionarios, siempre bajo las mismas restricciones fiscales.
Desde el Ejecutivo se remarcó que la medida se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial y apunta a regularizar las remuneraciones de los cargos de conducción, en un contexto de superávit fiscal y desaceleración de la inflación, sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas.
El decreto también invita a los poderes Judicial y Legislativo, así como a provincias y municipios, a replicar el criterio de congelamiento salarial automático en caso de déficit fiscal, aunque esa adhesión no es obligatoria.