Los diputados electos del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el empresario Javier Galán y la docente Sonia Nabarro, todavía no se sentaron en sus bancas y ya protagonizaron un escándalo vergonzoso. El primero denunció al apoderado del partido y esposo de su par, José Quinteros, por presunto abuso de menores, mientras que ella hizo lo propio contra Galán y otros por amenazas, extorsión y asociación ilícita. ¿Todo eso es reciente o sale a la luz ahora por las peleas internas? Los que venían a refrescar la política están dando señales decepcionantes.
El MID fue la gran revelación de las elecciones legislativas del 26 de octubre en Catamarca. Contra la mayoría de los pronósticos, sumó más de 17.500 votos en la categoría diputados provinciales y, así, se alzó con dos bancas, las de Galán y Nabarro. La fuerza quedó en cuarto lugar, detrás de Fuerza Patria, La Libertad Avanza y Somos Provincias Unidas. En Capital le fue aún mejor, quedó en tercer lugar y obtuvo una concejalía para Cristian Perea Ansinelli, con 12.200 votos. Solo un par de encuestas serias habían anticipado una performance de esas características.
Galán, indiscutible líder de ese sector, señaló al día siguiente de los festejos que el resultado electoral marcó “un punto de inflexión» en el escenario político local, y consideró que quedó demostrado que “hay un espacio enorme de catamarqueños que quieren algo distinto, que no se sienten representados por las estructuras tradicionales». “Esto recién empieza”, se envalentonó.
El empresario es dueño de un importante corralón y se siente a sus anchas en las redes sociales, donde muestra un perfil alto y bien activo. Publica videos en los que aparece ayudando a gente carenciada, visita enfermos en hospitales y difunde necesidades sociales y laborales. Suele hablar mucho de sí mismo, de sus convicciones y de sus logros, de lo que hace él y no otros, y por supuesto carece de autocrítica. En suma, un ego bastante exacerbado.
Durante y después de la campaña, Galán prometió que se ocuparía de tocar las puertas de todos los organismos públicos que deben dar respuestas a los requerimientos sociales postergados. «Mi teléfono es el que más tiene la sociedad de Catamarca», suele repetir.
Tanto es así que aseguró que su tarea legislativa se enfocará en la “realidad social y en el acompañamiento a los emprendedores del interior”. Mientras que reservó para su compañera electa, Nabarro, el compromiso de “llevar a la Legislatura la voz de los docentes y del sector educativo”. Eso dijo, por cierto, días antes de que estallara este bochorno de denuncias penales cruzadas.
De Nabarro es poco lo que se sabe. Solo que es licenciada en Gestión Educativa y profesora de Economía. Y que esta es la primera vez que llega a un cargo político por la voluntad popular.
En teoría, el MID sumará en la Cámara baja las bancas obtenidas en octubre a la del diputado Fernando Baigorri, con lo cual se formaría un bloque de tres miembros. Pero todo indica que habrá ruptura antes del debut. Porque el tenor de los hechos ventilados esta semana no permite prever ninguna reconciliación.
Graves y gravísimos
La primera denuncia que salió a la luz pública fue la de Nabarro contra Galán, el diputado Baigorri, el comerciante Norman Arce y el periodista Juan Carlos Andrada. Los acusó de haberla amenazado, extorsionado y de conformar una asociación ilícita, es decir, un grupo de personas creado con el solo fin de delinquir.
Según Nabarro, a fines de septiembre pasado Galán la forzó a firmar un pagaré en blanco para hacer frente a los gastos de campaña. Dijo que a la par del empresario también la presionaron Baigorri y Arce. “Me decían que si no lo hacía me retirarían de la lista”, señaló en la denuncia.
Contó que además le advirtieron que si no firmaba el documento sufriría “consecuencias”. Relató que finalmente aceptó firmar, pese a que “no había comprobantes” de los gastos, los cuales al principio totalizaban 60 millones de pesos, pero que después disminuyeron a 20 millones.
Nabarro indicó que en forma simultánea a esos hechos, “aparece en escena Juan Carlos Andrada, quien a través de las redes sociales comienza a difundir situaciones inexistentes” que afectan su “buen nombre y honor”. Por ejemplo, “ponía en dudas mi solvencia económica, afirmando que tenía ‘casa y auto nuevo’, como si hubiese percibido una prebenda en mi condición de diputada electa”.
Pero lo peor fue después. En la denuncia, afirmó que las amenazas continuaron con “posteos en los que imputan a mi marido”, José Quinteros, quien además es apoderado del MID. Mencionó que en esas publicaciones se afirmaba que “la Justicia lo está buscando por el deleznable delito de abuso de menores” y que ella podría ser “parte de esa aberrante situación”.
La presentación de la mujer fue realizada la noche del pasado miércoles 20 ante la Fiscalía General. Y fue allí cuando se supo que ya existía una denuncia penal previa realizada por Galán en contra del esposo de Nabarro. Según dijo, él se presentó “cuatro días antes” en la Justicia junto con un abogado.
El extracto de su denuncia es el siguiente: “Denuncia penal en contra de José Seferino Quinteros (apoderado del partido político MID – Movimiento de Integración de Desarrollo) DNI 7.695.306, con domicilio real en calle Manuel Navarro S/ Nro., ciudad Capital, por la presunta comisión de delitos que involucran a niños/as y adolescentes tutelados por la Convención de los Derechos del Niño, con jerarquía constitucional en nuestro país desde la reforma de 1994 (conf. art. 75 inc. 22°), u otros tipos penales que pudieren surgir de la investigación correspondiente”.
Si los hechos que denunció Nabarro son graves, porque aluden a prácticas políticas deshonrosas y dignas de reproche, los que denunció Galán son infinitamente más graves, por cuanto involucran posibles delitos contra la integridad sexual de menores.
Según el empresario, la denuncia de Nabarro es “falsa” y solo persigue el fin de desacreditarlo y de distraer la atención sobre lo que él reveló respecto a Quinteros y los presuntos delitos en perjuicio de niñas y adolescentes.
La postura de Galán fue respaldada por la fuerza política en un comunicado de prensa. “Desde el MID sostenemos un firme compromiso con la verdad y la transparencia y no seremos cómplices de irregularidades o ilicitudes de ningún tipo. Lamentamos que la respuesta de la Sra. Nabarro no corresponda con los principios y valores que nos unen como partido”, expresó.
Investigación e interrogantes
Ambas denuncias empezaron a ser investigadas por la Justicia. La de Galán quedó por lo pronto en manos de la fiscal Paola González Pinto, quien se ocupa del área de ciberdelitos. Las primeras medidas consistieron en secuestrar dispositivos electrónicos en el domicilio de Quinteros y analizar si las imágenes fueron o no manipuladas con inteligencia artificial. En principio, según trascendió, serían reales.
En la denuncia de Nabarro interviene el fiscal Jorge Palacios, quien debe resolver si cita a testigos por las supuestas amenazas y extorsiones respecto a las firmas de pagarés en blanco para financiar la campaña electoral.
Fuentes del oficialismo en la Cámara baja anticiparon que si la Justicia comprueba que existieron los delitos contra menores denunciados por Galán se impulsaría el rechazo a la asunción de Nabarro como diputada, por supuesto encubrimiento. Según la ley, cada Cámara legislativa es juez de los títulos de sus miembros. Puede aceptar o impedir el ingreso de un electo por razones fundadas.
En sucesivas declaraciones a la prensa, Galán aseguró que no dudó en denunciar al esposo de Nabarro apenas recibió las aberrantes imágenes junto a menores en situaciones sexuales. Quinteros es apoderado del MID desde hace al menos dos años; incluso él había denunciado en 2023 la malversación de fondos de la alianza La Libertad Avanza en la campaña de ese año. Es decir, había una experiencia de trabajo partidario conjunto.
¿Nunca sospecharon de él sobre lo que hoy es objeto de investigación? ¿Desde cuándo tenía Galán las imágenes en su poder? ¿Cómo se entienden las publicaciones intimidatorias previas y para nada profesionales del periodista Andrada sobre Nabarro y su marido? ¿Por qué en lugar de escrachar no lo denunció en una fiscalía? ¿Es cierto que Galán no tiene ninguna vinculación con Andrada?
Por otro lado, si es verdad que Quinteros cometió esos delitos, ¿era consciente de eso Nabarro? ¿Lo consentía? ¿Cómo creyó que podría ser representante del pueblo con esa situación a cuestas? ¿Por qué no lo denunció?
Ahora bien, si es falso que Galán, Baigorri y compañía obligaron a firmar pagarés en blanco a los candidatos, ¿cómo financió el MID su campaña? ¿Es mentira que le exigieron a Nabarro los cargos políticos, becas y todos los conceptos que le corresponden a su banca? La historia de la Legislatura está plagada de conductas vergonzantes con la plata de todos.
En suma, ¿quién contradenunció a quién? Todos o algunos de estos interrogantes podrían ser respondidos al cabo de la investigación abierta en la Justicia provincial sobre ambas presentaciones.
Por lo pronto, algo está claro: las “revelaciones” electorales del 26 de octubre en Catamarca llegan a la Cámara de Diputados de la peor manera, envueltos en alborotos y bajo sospecha. Habrá que esperar que no sea un anticipo de la performance legislativa por venir.