El Gobierno de Milei realizó un nuevo ataque contra los bolsillos populares: la desregulación total del precio de la yerba mate. A través del Decreto 812/2025, publicado este martes, el Ejecutivo modificó la reglamentación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y le quitó las históricas atribuciones que tenía para intervenir en la actividad económica del sector. Ahora, el INYM quedó reducido a un ente de control de calidad y promoción; ya no puede fijar precios ni intervenir en la relación entre quienes producen, quienes industrializan y quienes venden.
Esto significa que el Estado renunció a fijar el precio que se le paga a los productores de yerba, dando “libertad” a las grandes empresas molineras y fraccionadoras para que multipliquen sus ganancias. La yerba sube sin techo y las grandes mayorías tendrán que pagar el costo en el supermercado.
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En la Argentina, solo 10 marcas concentran el 70% de las ventas de yerba mate. Se trata de un puñado de grandes empresas que dominan todo el circuito, desde la compra de la hoja verde hasta el paquete que llega a la góndola. Con la desregulación, estos grupos tienen vía libre para fijar precios a piacere, aumentar su rentabilidad y apretar aún más a quienes trabajan en la producción.
Para el común de la gente, la yerba mate es un producto de consumo básico, parte de la mesa diaria. El impacto de dejar el precio librado a la competencia entre pulpos empresarios no es otra cosa que dejar el acceso a un consumo popular a merced de la especulación y la ganancia privada.
Trabajo infantil y ganancias para unos pocos
Detrás de cada paquete de yerba que se vende en el supermercado hay una realidad que muchos prefieren callar. En Misiones, donde se cosecha el 80% de la yerba del país, miles de niños y niñas trabajan en los yerbales, desde los 4 años, macheteando el monte, pulverizando con venenos y cargando bolsas sobre sus espaldas. Muchos dejan la escuela porque la plata no alcanza y la familia necesita sobrevivir.
Las condiciones de trabajo son brutales: déficit alimentario, riesgo de enfermedades, accidentes y hasta la muerte. El trabajo infantil y forzado no es una costumbre ni una tradición, es la consecuencia directa de la pobreza y de la falta de derechos para las familias obreras en el campo. El Estado mira para otro lado y los empresarios siguen llenándose los bolsillos con impunidad.
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Según la ONG «Un sueño para Misiones», el 90% de la yerba que se consume se produce en condiciones de explotación infantil. La Ley 26.390 prohíbe el trabajo de menores, pero la explotación sigue igual porque los responsables –los grandes empresarios de la yerba– nunca pisan un juzgado, mientras las familias trabajadoras cargan con la miseria y la falta de futuro.
¿Quién garantiza el acceso a la yerba y los alimentos?
El Gobierno de Milei justifica la desregulación con el verso de la «eficiencia» y la «libre competencia». En la práctica, esto solo significa más poder para los grandes empresarios, más precarización, salarios más bajos y menos derechos. Todo en nombre de una supuesta libertad que solo sirve para seguir saqueando el bolsillo popular.
Frente a este panorama, la salida no es resignarse a pagar el precio que fijan las grandes marcas ni confiar en los controles estatales truchos que nunca llegan a nada. La única forma de garantizar el acceso a productos básicos como la yerba mate es con la intervención activa de la clase trabajadora y los sectores populares.
Hace falta un organismo estatal bajo control de quienes producen y trabajan, que abra los registros de las empresas, transparente los costos y establezca precios de referencia accesibles para todos. Si las patronales siguen especulando y explotando, hay que avanzar en la estatización y el control obrero de toda la cadena productiva, para que la yerba –y cualquier producto de consumo masivo– no sea un negocio para unos pocos, sino un derecho para el conjunto del pueblo trabajador.