El Tribunal Oral Federal N.º 7 (TOF 7) anunció que el juicio por la Causa Cuadernos de las Coimas, donde está imputada la expresidenta Cristina Kirchner, sumará una segunda audiencia semanal. A la habitual de los jueves se incorporará otra los días martes, en un intento por acelerar el proceso judicial.
Los jueces solicitaron, además, que las audiencias se realicen en la misma sala donde fueron condenadas las Juntas Militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín, un espacio cargado de valor simbólico dentro del Poder Judicial.
El proceso prevé más de 600 testigos y casi 90 imputados, entre ellos la expresidenta. El máximo tribunal penal del país apunta a que el juicio avance con mayor regularidad y busca evitar demoras que prolonguen un proceso que lleva más de cuatro años desde su elevación a juicio.
La decisión llega luego de cuestionamientos públicos vinculados a la lentitud del juicio. Sin embargo, el Tribunal advirtió que actualmente se encuentra “colapsado”. Según informó, en los últimos 90 días ingresaron 29 nuevos expedientes, lo que complicó aún más su funcionamiento. Por ese motivo, pidieron ser excluidos del sorteo para intervenir en nuevas causas, pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el pedido, por lo que deberán continuar con sus tareas habituales.
Las indagatorias se desarrollarán en la sala de planta baja del Palacio de Justicia, ubicada en Talcahuano 550. Allí estarán presentes el acusado, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público. El sistema será bimodal: otros participantes se conectarán por videollamada mediante la plataforma Zoom.
La causa cuenta con 86 imputados, en su mayoría empresarios acusados de pagar coimas, bajo la figura de “cohecho activo”. También intervienen cerca de un centenar de abogados defensores.
El origen de la causa
La causa Cuadernos comenzó con las anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien registró detalladamente el supuesto circuito de coimas entre empresarios de la obra pública y funcionarios del gobierno durante las presidencias de Néstor Kirchner(2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2015).
Para la fiscalía, los acusados “integraron una asociación ilícita, que desarrolló sus actividades al menos desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”.
La investigación asegura que “el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo Nacional o sus secretarios privados en Uruguay 1306 y Juncal 1411, CABA –domicilio particular de Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández-, en la Residencia Presidencial de Olivos y/o en la Casa de Gobierno; parte de este dinero fue redistribuido o se realizaron pagos para otros funcionarios públicos”.