En los últimos meses, distintas provincias argentinas -entre ellas Mendoza y ahora Catamarca- han impulsado proyectos de ley que buscan combatir el bullying escolar mediante la incorporación de sanciones contravencionales y multas a las instituciones educativas o a los adultos responsables. La intención parece noble; esto es, dar una respuesta concreta a un problema doloroso que afecta a miles de niños y adolescentes. Sin embargo, detrás del gesto político se esconde una confusión peligrosa entre justicia y castigo, entre educar y sancionar.
Estos proyectos trasladan el conflicto escolar al terreno del derecho contravencional. Propone multar a las escuelas por “omisión del deber de vigilancia” y derivar los casos a juzgados de faltas cuando no haya intervención suficiente. La idea de que el bullying puede resolverse a fuerza de sanciones no solo simplifica un fenómeno complejo, sino que además reproduce el mismo paradigma punitivo que las políticas educativas deberían superar.
El acoso escolar no se soluciona con castigos, sino con vínculos. No se trata de encontrar culpables, sino de reconstruir la trama social que se rompe cuando un niño o niña hostiga a otro. El bullying es una forma de sufrimiento relacional que expresa, en clave escolar, las desigualdades, las violencias y la falta de escucha que atraviesan a toda la sociedad. Por eso, convertirlo en contravención es un claro y categórico error, ya que desplaza la responsabilidad colectiva hacia una lógica individual de culpa y pena, y puede generar efectos contraproducentes como el ocultamiento de los casos por miedo a sanciones.
La respuesta no puede venir de los juzgados de faltas, sino de la comunidad educativa fortalecida. Las escuelas necesitan recursos, gabinetes o equipos interdisciplinarios, formación en convivencia y acompañamiento emocional. Las familias necesitan apoyo, no culpabilización. Y el Estado debe garantizar espacios de mediación, reparación y educación emocional que permitan transformar el daño en aprendizaje.
Existen caminos posibles. Desde un enfoque restaurativo, la intervención debe centrarse en reparar el vínculo, no en castigar. Los programas de justicia restaurativa escolar, aplicados en varios países y en algunas provincias argentinas, proponen encuentros entre las partes, escucha activa, reconocimiento del daño y compromisos comunitarios. No buscan imponer una pena, sino reconstruir la confianza. Cuando la comunidad educativa asume ese proceso, la violencia cede paso al diálogo y la convivencia se fortalece.
La verdadera innovación legislativa no consiste en replicar modelos punitivos, sino en animarse a repensar la convivencia desde una cultura de paz. Catamarca, como el resto del país, necesita leyes que eduquen más y sancionen menos; que promuevan la empatía y la responsabilidad compartida, no el miedo y la culpa. Porque la escuela no es un tribunal, sino que es el primer espacio donde una sociedad aprende (o desaprende) a convivir.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.