La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación, llevó adelante el pasado jueves 30 de octubre, una nueva jornada de audiencias públicas en el Salón Azul del Senado, donde los postulantes al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación y de Procurador Penitenciario presentaron sus propuestas ante los legisladores.
La reunión fue encabezada por el senador Daniel Kroneberger (UCR), presidente de la comisión, y contó con la participación de la diputada Margarita Stolbizer (GEN-Encuentro Federal) como secretaria.
Durante la jornada, los 21 postulantes restantes -de un total de 39- expusieron sus proyectos y respondieron preguntas de senadores y diputados. El miércoles pasado, en tanto, habían hecho lo propio los siete candidatos al cargo de Procurador Penitenciario y los 18 primeros postulantes a la Defensoría del Pueblo.
El proceso de selección comenzó el 10 de octubre, tras la recepción de postulaciones entre el 17 de septiembre y el 8 de octubre, período en el que se verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 24.284.
La Comisión Bicameral tiene previsto confeccionar una terna definitiva el 5 de noviembre, junto con el proyecto de resolución que será elevado a ambas Cámaras del Congreso para su tratamiento y votación.
Quiénes son los postulantes y sus propuestas
Entre quienes participaron se encuentran figuras conocidas de la política nacional, como Natalia Sarapura, exministra de Derechos Humanos de Jujuy; Ramiro Gutiérrez, especialista en seguridad y actual diputado cuyo mandato finaliza en diciembre; Fernando Carbajal, exjuez federal; Remo Carlotto, exdiputado nacional e hijo de Estela de Carlotto; y Paula Bertol, exembajadora ante la OEA. También expusieron el ex Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor, y la exlegisladora porteña y extitular del INADI, María José Lubertino.
Cada candidato presentó los ejes de su plan de trabajo y su visión sobre el rol de la Defensoría. Lubertino subrayó que su propuesta “refleja la convicción de defender los derechos humanos con una mirada intersectorial”, mientras que Mariana Katz propuso “un federalismo activo que garantice la equidad territorial”. Por su parte, Amelia de los Milagros López destacó que las defensorías “pueden colaborar en la mejora de procesos y aportar evidencia desde la perspectiva de los ciudadanos”.
Otros postulantes, como Cristina Elena Maiztegui, enfatizaron la autonomía del organismo, y Analía Marsella propuso una institución “con pensamiento crítico y de largo plazo, que trascienda los cambios de gobierno”.
El Defensor del Pueblo de la Nación tiene la misión de proteger los derechos e intereses de las personas frente a actos u omisiones del Estado, así como promover el cumplimiento de los derechos humanos y controlar la legalidad de las acciones administrativas.
El organismo puede investigar, solicitar expedientes, proponer cambios normativos y actuar por iniciativa propia o a partir de denuncias de la ciudadanía.
Pese a su relevancia institucional, el cargo permanece vacante desde 2009, hace más de 16 años, por falta de consenso político entre los bloques del Congreso.