En los últimos meses se ha vuelto a escuchar, con creciente preocupación, el testimonio de adolescentes que buscan, muchas veces sin éxito, acceder a métodos anticonceptivos o recibir orientación sobre cómo prevenir embarazos no deseados. Lo que parece un problema individual o aislado -una dificultad para conseguir un preservativo o para recibir asesoramiento en una escuela- es, en realidad, la consecuencia directa de la decisión política del desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), una política pública que entre 2017 y 2023 logró resultados inéditos en materia de salud y derechos.
El Plan ENIA había sido concebido con una lógica integral. Su objetivo era reducir los embarazos adolescentes promoviendo los derechos sexuales y reproductivos. Para ello articulaba la educación sexual integral en las escuelas, la distribución gratuita y constante de métodos anticonceptivos, y el asesoramiento en salud sexual y reproductiva en los establecimientos educativos y centros comunitarios. Su funcionamiento permitió que, en apenas seis años, la tasa de fecundidad adolescente cayera un 58% a nivel nacional, una cifra que no tiene antecedentes en la historia reciente del país.
Pero el éxito del plan no fue solo social y sanitario. Según estimaciones oficiales, la implementación del ENIA le ahorraba al Estado alrededor de 140 millones de dólares por año, producto de la disminución de los embarazos no intencionales, la reducción del abandono escolar y la menor demanda de asistencia social. Era, en todos los sentidos, una política eficiente, con impacto directo en la vida de miles de jóvenes y con un costo fiscal mínimo.
Expertos en salud pública y educación advierten que sin el Plan ENIA volverán a aumentar los embarazos no intencionales en adolescentes Expertos en salud pública y educación advierten que sin el Plan ENIA volverán a aumentar los embarazos no intencionales en adolescentes
A pesar de esos resultados, el gobierno libertario decidió desmantelarlo. Entre 2023 y 2025 el presupuesto del ENIA se redujo en un 85%, el 80% de su personal fue despedido y se interrumpió el envío de anticonceptivos y preservativos a las provincias. La medida se presentó como un gesto de “austeridad”, como una supuesta reducción del gasto público. Pero no hay ahorro real en desmantelar una política que ya generaba beneficios económicos superiores a su costo. Y lo que se pierde, sobre todo, es mucho más que dinero: se pierden oportunidades, educación y proyectos de vida.
Expertos en salud pública y educación advierten que sin el Plan ENIA volverán a aumentar los embarazos no intencionales en adolescentes, con todo lo que eso implica, por ejemplo, deserción escolar, precarización laboral, afianzamiento de la pobreza estructural y la repetición de un ciclo que condena a muchas jóvenes a la exclusión.
El Estado no ahorra cuando abandona a sus adolescentes. Lo que hoy se presenta como un ajuste presupuestario es, en realidad, un retroceso social de consecuencias graves y duraderas. Porque ninguna política de ajuste puede justificarse cuando lo que se recorta son las posibilidades de futuro de una generación entera.