Durante casi dos horas, un jurado integrado por 12 vecinos de la Capital deliberó a puertas cerradas, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial. El acusado había llegado en libertad y debía responder por el presunto delito de «abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, continuado en concurso ideal con corrupción de menores agravado». Por el tipo de delito, la audiencia se desarrolló a puertas cerradas. Finalmente, el jurado, por unanimidad, declaró al acusado «no culpable».
Fuentes consultadas por El Ancasti indicaron que en esta tercera y última audiencia se presentó el último testigo. Luego, el acusado declaró y se quebró emocionalmente durante su testimonio. Finalizada la etapa de escucha de testimonios, el juez director Luis Guillamondegui impartió las indicaciones al jurado. Alrededor de las 17.30, los jurados pasaron a la Sala de Deliberaciones. Poco antes de las 19.30 regresaron con su veredicto.
Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2014 y 2019. La denuncia se formalizó en 2019 y el acusado estuvo detenido preventivamente desde noviembre de 2020 hasta noviembre de 2022, cuando recuperó su libertad. Llegó al juicio popular en libertad, casi seis años después de iniciado el proceso.
El Ministerio Público, representado por el fiscal del caso Laureano Palacios y el fiscal de Cámara Augusto Barros, mantuvo en parte la acusación original. Pidió que se lo declare culpable por «abuso sexual gravemente ultrajante agravado por ser encargado de la guarda y por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente, continuado», pero retiró «en concurso ideal con corrupción de menores agravado».
La defensa, representada por los Defensores Penales Oficiales de Segunda Nominación Florencia González Pinto y de Sexta Nominación Estanislao Reinoso Gandini, construyó su estrategia sobre dos pilares fundamentales: la retractación de la denunciante y el testimonio de la familia del acusado.
De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, el padre de presunta víctima había realizado la denuncia (contra la actual pareja de su expareja) pero la joven se retractó años después. El proceso de retractación le llevó dos años y medio. Durante ese tiempo, fue acompañada por su madre a varias consultas psicológicas. La denunciante, su madre, hermanos y otros familiares cercanos declararon en el juicio a favor del acusado.
La defensa también cuestionó la validez de los test proyectivos presentados por la acusación. «Lo que la defensa planteó y sostuvo era que esos test proyectivos no tenían la fiabilidad suficiente y la validez para poder decir que había indicadores de abuso sexual», explicaron las fuentes consultadas.
En su alegato de cierre, la defensa se apoyó fuertemente en los testimonios directos. A la vez, se cuestionaron las proyecciones y con base a eso se alegó. Sobre todo, la defensa resaltó la palabra de la supuesta víctima que se presentó frente al jurado y contó su versión.
El último testimonio que se escuchó fue el del acusado. Sentado en el banquillo, se quebró durante su testimonio. La defensa destacó que «estuvo preso dos años por un delito que no cometió y tiene una hija que lo está esperando».
Al cierre, la defensa apeló a la carga emocional que el caso había dejado en todos los involucrados. La defensa solicitó terminar con la angustia del acusado. La causa se inició en 2019. “Dejen la mochila de la supuesta víctima y que la víctima pueda dejar esa mochila, esa carga que tenía, que venía arrastrando y que fue lo que manifestó en su testimonio», indicaron las fuentes consultadas.
Tras la deliberación, los 12 jurados coincidieron: «no culpable». El veredicto unánime implica la absolución del acusado y el cierre definitivo de una causa que se extendió por cinco años y que dejó profundas marcas en todas las partes involucradas.
Justicia popular
El juicio por jurados se consolidó en Catamarca como una herramienta fundamental para la participación ciudadana en la administración de justicia. De esta manera, se permite que los propios vecinos sean los jueces de los hechos y quienes, tras escuchar las pruebas y los testimonios, tomen la decisión final sobre la culpabilidad o inocencia de un acusado.