El reciente informe del Boletín Epidemiológico Nacional encendió una luz de alarma: en lo que va del año se registraron en la Argentina 137 notificaciones por sospechas de casos de fiebre amarilla, un 30% más que la media de los últimos cinco años. En ese contexto, resulta al menos preocupante la decisión del Gobierno nacional de restringir el acceso gratuito a la vacuna contra esta enfermedad que, según las autoridades sanitarias internacionales, tiene un alto grado de letalidad y un potencial riesgo de expansión regional.
Por disposición oficial, la vacuna contra la fiebre amarilla solo será gratuita en las zonas consideradas de riesgo, que comprenden algunas áreas de Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Salta y Jujuy. Para el resto del país, quienes necesiten inmunizarse -por ejemplo, para viajar a países donde el virus circula activamente- deberán hacerlo de forma privada, pagando un costo aproximado de 220.000 pesos por dosis.
El Ministerio de Salud justificó la medida señalando que permitirá ahorrar 697.566 dólares, al reducir en un 34% la compra de unidades. Menos vacunas, menos gasto, parece ser la ecuación. Pero también es alarmante el mensaje de fondo, que es que la salud pública pasa a un segundo plano frente al objetivo fiscal.
Con la restricción de acceso a la vacuna es alarmante el mensaje de fondo, que es que la salud pública pasa a un segundo plano frente al objetivo fiscal. Con la restricción de acceso a la vacuna es alarmante el mensaje de fondo, que es que la salud pública pasa a un segundo plano frente al objetivo fiscal.
No sorprende entonces que las principales sociedades médicas del país -entre ellas la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, y la Sociedad Argentina de Pediatría- hayan emitido un comunicado conjunto reclamando la revisión urgente de la medida. En el texto, los especialistas advierten que “no propiciar el acceso a una herramienta con demostrada eficacia para una enfermedad inmunoprevenible de alta letalidad implica un riesgo tanto individual como colectivo que puede y debe ser evitado”.
Los médicos recuerdan además que la fiebre amarilla es una enfermedad viral grave prevenible por vacunación, con una letalidad cercana al 42% en personas no inmunizadas. Su transmisión, a través del mosquito Aedes aegypti, el mismo vector del dengue, representa una amenaza real en un país donde este insecto abunda y se adapta con facilidad a las condiciones climáticas actuales. “Los desplazamientos de personas potencialmente virémicas hacia áreas vulnerables pueden desencadenar brotes significativos en regiones donde existen vectores competentes y poblaciones susceptibles por falta de vacunación”, advierten los expertos.
La Organización Panamericana de la Salud acaba de emitir una alerta regional para reforzar las medidas preventivas ante el crecimiento sostenido de casos en América Latina. Frente a este escenario, la decisión del gobierno argentino de limitar el acceso gratuito a la vacuna no solo resulta inoportuna, sino peligrosa.
El Estado tiene la obligación de garantizar la prevención, no de transformarla en un privilegio para quienes pueden pagarla. En materia de salud pública, el ahorro mal entendido suele costar vidas. Y si algo enseña la historia sanitaria argentina, es que ningún ajuste fiscal vale el precio de una epidemia.