miércoles, 17 de septiembre de 2025 01:21
Ayer a media mañana se reanudó el debate en contra de la banda integrada por internos del penal, guardiacárceles y conocidos de los penados que, según la acusación fiscal, traían la droga desde Tucumán para ser vendida con facilitación del personal en el interior de los pabellones de la cárcel de Miraflores.
Abierta la audiencia el secretario del Tribunal Oral Federal, le informó al tribunal presidido por el juez Federal Dr. Enrique Lilljedahl, que desde el servicio penitenciario se había elevado un informe dando cuenta del porqué de la ausencia en la sala del imputado Sergio Apud.
En apretadas síntesis, expresó el funcionario judicial, el imputado no quería concurrir a la audiencia y por ello se autolesionó golpeando la cabeza contra la pared y la mesa, lo que le provocó hematomas y heridas varias, principalmente en la cabeza y el rostro. Lesiones que demandaron que fuera revisado por el médico del penal, quien le recomendó que fuera “atado”, ya que había riesgo de que volviera a autolesionarse, por lo que presenciaba en esas condiciones el debate a través del sistema de videoconferencia conectado vía online desde Miraflores.
Ante lo relatado por el secretario y las imágenes que podían observarse en el recinto, el fiscal federal general Rafael Vehils Ruiz solicitó a la presidencia del tribunal una intervención inmediata para que se le realizara al interno estudios psicológicos y psicofísicos que permitan conocer el estado del mismo, como así también si este comprende lo que sucede en la sala, entendiendo el fiscal que el hecho de que esté así “atado” presenciando el juicio no significa que entienda lo que sucede en el recinto. En otro tramo de su alegato, Vehils Ruiz hizo hincapié que lo que se está juzgando un hecho de venta de droga en el interior del penal, dejando entrever que el detenido podría estar bajo los efectos de sustancias nocivas.
También se planteó la ausencia sin aviso de la imputada Dayana Sarmiento, quien se encuentra en libertad, la fiscalía solicitó su inmediata detención y que permanezca en ese estado hasta que finalice el juicio para garantizar su presencia.
Antes de retirarse a deliberar sobre los planteos de la fiscalía, los cuales fueron apoyados por la defensa del imputado Apud, Dr. Juan Pablo Morales, quien agregó que ayer -por el lunes – su cliente había sido llevado a su casa donde pudo haber sufrido una crisis que pudo ocasionar su estado actual; el tribunal dio lectura a la resolución arribada sobre el pedido de nulidad del juicio solicitada la semana pasada en el inicio del debate por el abogado Pedro Vélez, al que se acogieron las defensas de seis de los diez imputados, resolviendo el tribunal no hacer lugar a lo peticionado.
Al regresar media hora después al recinto, los jueces resolvieron no hacer lugar al pedido de detención en contra de Sarmiento, quien se presentó en la audiencia y en cuanto a la situación de Apud, ordenó que se realizara los estudios correspondientes como así también un estudio psicofísico completo y que sea abordado por el cuerpo de profesionales de la Justicia, sin que estos estudios sean motivo para que el debate se desarrolle normalmente.
Acto seguido, las defensas de los acusados solicitaron la palabra y pidieron a los magistrados un cuarto intermedio para mantener una reunión con la fiscalía, en lo que podría ser una suerte de juicio abreviado. Ante el planteo de los defensores, el juez pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves 26 de septiembre
Cabe recordar que en el banquillo de los acusados se encuentran sentados por el delito de comercialización de estupefacientes doblemente agravado por la participación de tres o más personas organizadas, y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención (hecho nominado primero) y en concurso real con transporte de estupefaciente agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (hecho nominado segundo) los penados Jacobo Eliseo Jiménez, Mario Roque Jiménez (padre), Sergio Raúl Apud, Kevin Emanuel Barros, su hermano Cristian Miqueas Barros, a quien junto a Dayana Giselle Romero y Ariel Magno Brandan de ocupación taxista, a quienes se les acusa de ser los que ingresaban la droga desde Tucumán a la provincia para su posterior venta por parte de los penados antes mencionados en la cárcel.
También comparten el banquillo por el supuesto delito de partícipes necesario del delito de comercialización de estupefaciente triplemente agravado por la participación de tres o más personas por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la guarda de presos y por haber sido cometido en el interior de un lugar de detención los guardiacárceles Lucas Brandan, Jorge Raúl Valdez y Jesús Alberto Molina.