Caso ANDIS: el juez de la causa denunció por «obstrucción de la justicia» al jefe de sistemas de Suizo Argentina

El juez federal Sebastián Casanello presentó una denuncia penal contra Daniel Díaz, responsable del área de sistemas de la droguería Suizo Argentina, por su conducta durante un operativo realizado el 29 de agosto pasado. El expediente, que recayó en el Juzgado Federal N° 10, lo acusa de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio.

La medida judicial se enmarca en la causa conocida como «audios de las coimas», donde se investiga un presunto esquema de corrupción vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y a la empresa de la familia Kovalivker. La decisión de Casanello coincidió con nuevos procedimientos que se desarrollan en paralelo y que mantienen en alerta al Gobierno nacional.

En el marco de la pesquisa están siendo investigados Spagnuolo, el exdirector de la dirección “Incluir Salud” de la ANDIS, Daniel Garbellin, y los tres dueños Suizo Argentina: Eduardo Kovalivker y sus hijos Jonathan y Emmanuel. Desde que se inició la causa, la Justicia realizó allanamientos en los domicilios de los acusados, en las tres sedes que tiene la ANDIS y en la firma Suizo Argentina. Uno de los operativos en la empresa propiedad de los Kovalivker se realizó el 29 de agosto. Entonces, Díaz obstruyó la labor judicial. ¿De qué forma? Se negó a habilitar el acceso a los correos corporativos. Díaz estaba obligado a facilitar ese acceso ya que él no está imputado en el expediente. No tenía potestad para bloquear la medida ordenada por la Justicia, explicaron fuentes del caso. De acuerdo a los investigadores, “se negó por presión de la empresa y sus abogados”. Esto implica que podría ampliarse la investigación a los presuntos instigadores. La negativa de Díaz llevó a que la Justicia no pudiera acceder aquel día a los correos electrónicos corporativos. Por eso Casanello realizó la denuncia por encubrimiento. Sostiene que Díaz ayudó a ocultar prueba.

Casanello ya dictó el procesamiento del jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto pasado cuando se realizó un procedimiento en el barrio privado “La Isla”, donde viven los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker. Por la actitud que tuvo De Vincentis, la Justicia no logró interceptar a Jonathan Kovalivker, quien logró irse del barrio cerrado antes de que los agentes de la policía de la Ciudad llegaran a su domicilio. Allí, los uniformados se encontraron con que se habían llevado dólares de una caja fuerte a las apuradas, dejando hasta banditas elásticas tiradas. A quien sí se pudo ubicar en ese operativo fue a Emmanuel Kovalivker, quien no logró partir a tiempo. Tenía en su poder 266 mil dólares distribuidos en distintos sobres.

Según la Justicia, el jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, colaboró en el accionar evasivo de Jonathan Kovalivker. Por eso De Vincentis fue indagado y luego procesado por Casanello por desobediencia a la autoridad, estorbo de un acto funcional y encubrimiento. El juez consideró que dio instrucciones a los guardias del complejo de que no colaborasen con la policía. Todo indica que De Vincentis le avisó a Kovalivker, que no solo dejó su caja de seguridad revuelta sino que salió justo en ese momento con su auto.

“La celeridad y el factor sorpresa eran claves para la efectividad de las medidas de coerción procesal de naturaleza probatoria ordenadas por el tribunal. Esas condiciones fueron alteradas como resultado de la conducta del imputado, contraria a su obligación de acatar la orden judicial ejecutada por las fuerzas de seguridad estatales. En este punto, resultan esclarecedoras las imágenes captadas al momento de efectuar el allanamiento del domicilio de J. Kovalivker, oportunidad en que se encontró una de las cajas de seguridad con dinero revuelto y muchas bandas elásticas sueltas”, detalló Casanello en el procesamiento, que fue apelado por De Vincentis. Como el magistrado se declaró incompetente tras el procesamiento, la causa pasó a los tribunales federales de San Isidro donde se espera que la Cámara Federal de San Martín revise la apelación.

Tuvieron que pasar tres días para que Jonathan Kovalivker se presentara en tribunales y aportara su celular tras evadir el operativo judicial. Según pudo reconstruir El Destape, Jonathan entregó el aparato telefónico apagado y sin su clave de acceso. Este viernes se dio a conocer que el celular incluso fue reseteado a su modo de fábrica. ¿Por qué? ¿Tenía algo que ocultar? El de De Vincentis adquiere otro valor con ese cuadro de situación. A juzgar por la denuncia de Casanello, el accionar de Díaz se orientó en un sentido similar: dificultar todo lo posible la investigación en torno a los Kovalivker y su droguería.