Luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento aceptara la inhibición del fiscal Augusto Barros y la recusación que formuló el fiscal de Instrucción nº 5, Hugo Leandro Costilla, la Corte de Justicia reactivó el caso y ordenó al Tribunal que habilite el mecanismo de subrogancias para que el jury tenga un nuevo fiscal a cargo y proceda con la causa Wika. Mientras eso se define, los plazos del proceso siguen suspendidos: todavía es posible que los subrogantes presenten algún tipo de planteo.
La Corte resolvió así en una decisión tomanda en pleno, luego de recibir el planteo del Tribunal de Enjuiciamiento en medio de la denuncia que había hecho Costilla por el intercambio de correos electrónicos entre el fiscal que lo acusó, Augusto Barros, y el secretario de la Corte, Arturo Herrera Basualdo.
De esta manera, el mecanismo establece que en lugar de Barros debe actuar el fiscal suplente. Para este 2025, la acordada del año pasado establece que el reemplazo es Miguel Mauvecín, fiscal de Cámara Penal nº3. Sin embargo, allí se presentó otro inconveniente: Mauvecín se encuentra de licencia, por lo tanto no puede intervenir. Además, se descartaba una posible inhibición ya que cuando Mauvecín fue fiscal de Instrucción, Hugo Costilla fue su secretario.
Por este motivo, la subrogancia se traslada al fiscal de Cámara Penal nº1, Alejandro Dalla Lasta, quien deberá definir si participa o no del Tribunal de Enjuiciamiento, ya que existe la posibilidad de que este se inhiba. En caso de que eso no ocurra o una eventual inhibición no fuera aceptada, Dalla Lasta deberá analizar el expediente y definir si realiza una nueva acusación o no. Allí volverían a correr los plazos que fueron suspendidos la semana pasada.
Esto es materia de discusión, ya que el artículo nº31 de la ley 4247 de Enjuiciamiento de Magistrados Judiciales y miembros del Ministerio Público establece que «el juicio deberá sustanciarse en el plazo de setenta (70) días contados desde el momento en que se dictare resolución fundada dando curso a la denuncia o disponiendo la formación de causa, si ésta dispusiera de oficio».
El planteo
La semana pasada, el Tribunal de Enjuiciamiento le pidió a la Corte que resolviera sobre la designación de un fiscal para el jury a Costilla por la causa Wika. Fue luego de que el fiscal Augusto Barros decidiera renunciar al Jury por “violencia moral” y para evitar demoras en el juicio contra el fiscal de instrucción, como consecuencia de una recusación realizada por el propio Costilla por «falta de objetividad y por connivencia».
El Tribunal destacó que, si bien la ley no prevé expresamente la recusación del fiscal acusador, sí permite que este se excuse en determinadas circunstancias. En este caso, Barros presentó su renuncia como fiscal del Tribunal, decisión que fue valorada por los miembros del Tribunal como una medida para “resguardar el principio de objetividad y, con ello, el debido proceso legal”.
Los miembros del Tribunal sostuvieron que «la garantía de un juicio justo» implica no solo el apartamiento del fiscal, sino también la nulidad de la acusación previamente formulada. “Tal resguardo tendiente a evitar dudas acerca del estricto cumplimiento de las garantías procesales del acusado en el proceso de enjuiciamiento no se logra solo con el apartamiento de Barros; toda vez que oportunamente podría plantearse la sospecha relativa a si la ausencia de objetividad denunciada ya existía al momento de formular la acusación”, explicaron los jueces.
En paralelo, Costilla también denunció a Barros y al abogado Arturo Herrera Basualdo por el intercambio de correos electrónicos. Según la denuncia, Barros habría sido asesorado por el relator de la Corte, Arturo Herrera Basualdo, anterior abogado del denunciante Cristian Guillou, en la preparación del pliego de preguntas a testigos del jury, lo que para él generaba «motivos para dudar de la objetividad del fiscal» y justificaba su apartamiento, a fin de garantizar un «juicio justo». Las actuaciones están en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 4, a cargo de Ricardo Córdoba Andreatta.
Barros negó cualquier intención de influir en el proceso y explicó que su consulta a Herrera Basualdo respondió a la necesidad de cumplir con los plazos de un juicio por jurados en el que participaba, en el que no podía consultar con otros colegas por encontrarse citados como testigos. Herrera Basualdo también se presentó ante el fiscal Córdoba Andreatta y ofreció que se revisara su teléfono celular «con el propósito de despejar toda duda y proteger su buen nombre y honor».n