Este jueves 11 de septiembre comenzó en el Tribunal Oral Federal el juicio a una organización acusada de traficar drogas dentro de un penal provincial. Son ocho los imputados, entre ellos, personas privadas de libertad, personal del Servicio Penitenciario y una trabajadora municipal. En esta primera audiencia se leyeron las imputaciones, se presentaron las defensas y se resolvió un cuarto intermedio hasta la próxima semana.
Los acusados enfrentan cargos por comercialización de estupefacientes doblemente agravada, por ser cometida en un lugar de detención y por la intervención de tres o más personas, y transporte agravado de drogas por organización criminal. La fiscalía sostiene que existía una estructura que operaba dentro y fuera del penal para introducir y distribuir sustancias ilícitas.
Los internos Jacobo Eliseo Jiménez y su padre Mario Roque Jiménez, junto con Cristian Miqueas Barros, Kevin Emanuel Barros y la empleada municipal Dayana Giselle Romero, son defendidos por el Defensor Oficial Federal Vizzoso. Completan la lista el taxista Ariel Magno Brandán, y los guardias Lucas Brandán y Jorge Raúl Valdez, señalados por su participación necesaria en la cadena de comercialización desde su rol como funcionarios públicos.
Durante la audiencia todas las defensas, excepto la del Defensor Oficial, se opusieron a la apertura del juicio argumentando falta de precisión en las imputaciones individuales. La fiscalía rechazó los planteos y solicitó que el proceso continúe. Ante este escenario, el tribunal resolvió un cuarto intermedio hasta el martes próximo, cuando definirá si da lugar a los pedidos o continúa con las audiencias.