El nuevo informe pericial presentado ante el juez federal Ernesto Kreplak estableció que el uso de fentanilo contaminado aumentó un 52% la probabilidad de muerte en pacientes internados en unidades de cuidados intensivos. Se trata de un hallazgo clave en la causa judicial que investiga a la farmacéutica HLB Pharma Group S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, cuyo lote 31.202 contenía las bacterias Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae. Los peritos forenses detectaron una coincidencia genética total entre los microorganismos hallados en las ampollas y los presentes en los hemocultivos de pacientes fallecidos.
De las 40 historias clínicas analizadas, al menos 24 presentan un “nexo concausal” entre la administración del fármaco y el desenlace fatal. Esto significa que, si bien los pacientes ya cursaban cuadros clínicos complejos, como comorbilidades graves o estados críticos previos, la infección provocada por el fentanilo adulterado agravó significativamente sus condiciones, acelerando la muerte. La situación es aún más alarmante porque restan revisar más de 80 historias clínicas adicionales, lo que podría elevar la cantidad de víctimas relacionadas al medicamento contaminado.
El estudio citado por los peritos, conocido como EMBARCAR, confirmó que la bacteria Klebsiella pneumoniae estuvo presente en más de la mitad de los casos de bacteriemia intrahospitalaria en Argentina, con una tasa de mortalidad cercana al 50%. Esta bacteria, al igual que Ralstonia, es altamente resistente a múltiples tratamientos antibióticos, lo que reduce las posibilidades terapéuticas en pacientes en estado crítico. El informe también menciona el estudio EUROBACT-2, que evidenció una mortalidad del 37% en infecciones similares. Ambos datos sustentan la conclusión de que la multirresistencia bacteriana fue un factor decisivo en el agravamiento de los cuadros clínicos.
Actualmente hay 17 personas imputadas en la causa, entre ellas los hermanos García Furfaro y su madre, Nélida, quien fue liberada por razones de salud. Siete de los acusados permanecen detenidos, mientras el juez Kreplak tiene diez días hábiles para resolver su situación procesal. La Fiscalía solicitó reanalizar algunas historias clínicas que habían sido descartadas por errores formales, lo que podría modificar el número final de víctimas. La investigación apunta directamente a la responsabilidad penal de los responsables de la empresa, mientras los familiares de los fallecidos exigen justicia por las muertes provocadas por el uso de un fármaco que, en lugar de aliviar, terminó siendo letal.