La diputada provincial y candidata por la reelección, Silvana Carrizo, criticó la convocatoria al Concurso Nº 2 de Supervisores, calificándolo de restrictivo, improvisado e incompleto, y advirtiendo sobre serias irregularidades y contradicciones en el proceso impulsado por el Ministerio de Educación de la provincia.
La legisladora sostuvo que la iniciativa, que el Ejecutivo Provincial presenta como un gesto de «jerarquización de la carrera docente y profesionalización del sistema educativo», en realidad excluye a miles de docentes con trayectoria y se presta a la «cooptación política». Carrizo pidió escuchar seriamente a los docentes.
Asimismo, manifestó su preocupación por el decreto que habilitaría el concurso, señalando que «exhibe profundas contradicciones y serias irregularidades”.
Como ejemplo de esto, la diputada mencionó que las escuelas recibieron una notificación para analizar el decreto y enviar “sugerencias” en apenas 24 horas. Para la diputada, esto es un “diálogo ficticio característico de este gobierno, donde las opiniones nunca son escuchadas”.
Carrizo también hizo hincapié en la limitación de la participación de los docentes. «Después de muchos años sin concursos de ascenso, ahora la convocatoria limita la participación a quienes hoy ocupan cargos de gestión, dejando fuera a miles de docentes con trayectoria y mérito”, advirtió. Añadió que “el Estado primero bloqueó el derecho a concursar durante décadas y ahora castiga a quienes permanecieron en cargos base, incluso hasta porque económicamente no les resultaba conveniente”.
Por lo que cuestionó los requisitos burocráticos y las condiciones que considera arbitrarias exigidas en la convocatoria. “Se pide un proyecto de gestión a 4 años, pero no se dice qué ocurre con el cargo de origen, qué pasa si las metas no se cumplen o si existe posibilidad de revalidar. Esto genera inseguridad jurídica y laboral”, enfatizó Carrizo, destacando la falta de claridad en aspectos fundamentales del proceso.
En cuanto a la transparencia, la diputada provincial remarcó que el borrador del decreto menciona un Anexo II con los cargos vacantes que nunca fue notificado, lo que, a su juicio, «deja en manos del Ejecutivo la definición de vacancias». Además, denunció que “el orden de mérito, lejos de garantizar igualdad, otorga ventaja a los equipos técnicos y de supervisión que, acumulan certificaciones y antecedentes inaccesibles para los docentes de aula”.
Otro de los puntos de crítica por parte de Carrizo fue la injerencia del Ministerio de Trabajo en un ámbito regulado exclusivamente por el Estatuto Docente y la normativa educativa. “Lo que debería ser un instrumento de jerarquización y fortalecimiento del sistema se convierte en un procedimiento restrictivo, tardío y oportunista”, afirmó la diputada.