El cierre de alianzas para las elecciones nacionales trajo un primer revés para los cinco gobernadores que fundaron Provincias Unidas. Su plan original de inscribir el frente solo en los distritos que conducen encontró un límite en el exmandatario cordobés Juan Schiaretti, quien decidió impulsar armados bajo el sello partidario en otras jurisdicciones sin su aval. Ahora, los gobernadores deberán dirimirse entre el apoyo tácito y el desentendimiento en provincias donde la presentación de listas podría derivar en derrotas no previstas y tensiones con potenciales aliados.
El 30 de julio, el gobernador de Chubut Ignacio Torres anunciaba, junto a sus pares de Jujuy (Carlos Sadir), Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Córdoba (Martín Llaryora) y Santa Cruz (Claudio Vidal), el lanzamiento de un frente electoral común para enfrentar a La Libertad Avanza y el kirchnerismo. “Tomamos la decisión de competir en esta elección y conformar un frente común”, explicó el mandatario en la entrada de la Casa de Chubut, en la ciudad de Buenos Aires.
En ese mismo lugar, más temprano, los cinco gobernadores habían acordado una de las bases de su nuevo proyecto político: solo presentarían candidatos en las provincias que comandan. Una semana más tarde, sin embargo, aparecerían listas con su sello -Provincias Unidas- en al menos otros siete distritos.
En el entorno de los mandatarios aseguran que no se trató de un cambio premeditado. “Schiaretti fue el responsable”, deslizaron a LA NACION en el seno del frente interprovincial. Creen que el gobernador cordobés habría utilizado la insignia de los gobernadores sin su aval para apuntalar un armado nacional que le permita volver a impulsar su carrera presidencial para 2027.
Schiaretti ya había intentado desembarcar en Casa Rosada en 2023, cuando se presentó junto a Florencio Randazzo con un partido en ciernes al que llamaron Hacemos por nuestro país. El espacio -que cosechó 6,79% de los votos- ahora integra coaliciones que, para los comicios del 26 de octubre, se inscribieron con el nombre del armado de los mandatarios provinciales.
“El partido nacional de base es Hacemos, que preside Randazzo”, argumentaron a LA NACION en el entorno del exministro de Transporte, que aspira a renovar su banca en la Cámara baja y juega un rol clave en las negociaciones del armado en la provincia de Buenos Aires. En el frente de los gobernadores desmienten esta versión.
“Hay alianzas de Hacemos que las transformaron en Provincias Unidas sin apoyo [de los gobernadores]”, indicó a este medio un dirigente involucrado en la construcción federal. Es el caso, por ejemplo, de San Juan, donde se anotó una alianza del partido de Schiaretti, la Coalición Cívica, el Partido Socialista y Para Adelante bajo el sello interprovincial.
Emilio Baistrocchi, exintendente de la ciudad capital y aliado del exmandatario cordobés, encabezará esa lista que enfrentará, entre otros, al Frente por San Juan. Se trata del partido, impulsado por el oficialista Marcelo Orrego, a quienes los cinco gobernadores aspiran a incorporar a su esquema. Esta contradicción generó malestar entre algunos fundadores del sello federal que temen que la inscripción para la contienda electoral pueda tensionar la relación con uno de sus potenciales aliados. A horas del cierre de listas, los gobernadores presionaban para que se bajara la coalición.
Algo similar ocurre en Mendoza, donde Hacemos utilizará el sello federal para enfrentarse a la lista del oficialista Alfredo Cornejo, que cerró un acuerdo con La Libertad Avanza y apostará sus fichas a la boleta violeta.
En tanto, en la provincia de Buenos Aires también se inscribió el sello Provincias Unidas para los comicios de octubre. La coalición -a la que suscribieron Hacemos, el radicalismo, el Partido Socialista y otros tres espacios- no contó con la aprobación inicial de gobernadores. “No nos vamos a comprar un resultado adverso”, sentenció una fuente cercana a Torres, uno de los mandatarios más críticos. En el frente, temen que la alta polarización en el distrito afecte el desempeño de la coalición en unos comicios donde se “plebiscitarán” las gestiones de Axel Kicillof y Javier Milei.
En el seno del armado federal, sin embargo, confirmaron a LA NACION que “en la provincia de Buenos Aires, se está evaluando un acompañamiento tácito”. También se discute esta posibilidad en la Capital Federal, donde se inscribió la alianza Ciudadanos Unidos que -pese a la readecuación del nombre- se presenta como la expresión porteña del armado de los gobernadores e incluso lleva un logo similar. “En CABA está menos madurado que en la Provincia”, advirtió la misma fuente.
Sucede que, en este distrito, habrá otra coalición moderada en competencia. Se trata de la alianza Hagamos Futuro que lideran Hernán Reyes (Coalición Cívica) y Graciela Ocaña (Confianza Pública), ambos legisladores porteños. La coalición también cuenta con el apoyo del exjefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Este frente podría dividir el voto moderado que pretende capitalizar Ciudadanos Unidos.
Además del riesgo de obtener un resultado adverso en las urnas, se suma otro factor. Y es que los gobernadores apuestan a construir un frente en el largo plazo que les permita promover una fórmula presidencial competitiva en 2027. Por eso, una de sus principales preocupaciones es afianzar una identidad común en todos los distritos donde participa, con especial foco en la renovación -los cinco fundadores asumieron la gobernación por primera vez en 2023- y la gestión.
“En lugares tan complejos y tan grandes no había tiempo para organizar y madurar algo que mantenga la identidad de los gobernadores”, explicó a LA NACION un referente a cargo del armado en relación a Provincia y ciudad de Buenos Aires. Por este motivo, de no llegarse a un acuerdo de acompañamiento, cualquier apoyo a las listas impulsadas por Schiaretti en ambas jurisdicciones se harán “a título personal” para no comprometer al frente.
Tierra del Fuego, San Luis, La Rioja y Catamarca son otras de las provincias donde Hacemos participará de los comicios nacionales con el nombre Provincias Unidas. Según confirmaron fuentes cercanas a los cinco gobernadores fundadores, ninguna de esas alianzas cuenta con el aval explícito de los mandatarios.
LA NACION consultó sobre la posibilidad de que los gobernadores impugnen estas inscripciones ante la Justicia Electoral, pero en el seno del armado federal aseguraron que no cuentan con ningún tipo de documento o evidencia escrita que permita acreditar que dichas alianzas avanzaron sin su aval. En este escenario, cualquier intervención de este calibre se encaminaría al fracaso y los gobernadores deberán seguir discutiendo qué estrategia y posición tomar, en especial una vez que arranque oficialmente la campaña nacional.