Este martes 12 de agosto, la Corte de Apelaciones de Nueva York resolverá si acepta el pedido presentado por la Argentina para mantener en suspenso el fallo que ordena entregar el 51% de las acciones de YPF como pago por la expropiación realizada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
La decisión llega diez años después de iniciada la causa y tendrá un fuerte impacto económico y legal para el país. La jueza Loretta Preska había dispuesto en junio pasado que el juicio, valuado en US$ 16.100 millones, se salde con las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera YPF.
Tres posibles escenarios: La Corte de Apelaciones puede:
- Conceder la medida cautelar solicitada por el Estado argentino, manteniendo suspendido el traspaso de acciones.
- Negar la cautelar y habilitar la ejecución del fallo, lo que permitiría a los demandantes avanzar con el cobro. Burford Capital, financista de los demandantes, adelantó que no liquidará el pago de inmediato como “acto de buena fe”.
- Mantener la suspensión, pero ordenar que la Argentina pague con otros activos equivalentes, como bonos de mediano o largo plazo.
Si se confirma la suspensión, habrá una nueva instancia para analizar la orden original. Si se niega, el país podría optar por llegar a un acuerdo con los acreedores o no cumplir el fallo, lo que implicaría riesgo de desacato, embargo de reservas del Banco Central (BCRA) o de activos de YPF, y restricciones para acceder a los mercados de capitales.
Origen del litigio
El juicio se originó por la expropiación de YPF en 2012. Aunque no se cuestiona el derecho del país a expropiar, la demanda sostiene que el Gobierno incumplió el estatuto de YPF, que exige realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios. La omisión perjudicó a inversores que compraron acciones en la Bolsa de Nueva York, habilitando que el caso se tramite bajo jurisdicción estadounidense.
El conflicto remonta a 1993, cuando el gobierno de Carlos Menem privatizó YPF y recaudó US$ 1.100 millones en Wall Street. Años después, el Grupo Petersen adquirió el 25% de la empresa con financiamiento de Repsol y bancos internacionales como Credit Suisse, Goldman Sachs y Citibank. La nacionalización de YPF en 2012 interrumpió el pago de dividendos, provocando la quiebra del Grupo Petersen.
El rol de Burford Capital
En 2015, tras la quiebra de las empresas del Grupo Petersen, el Juzgado de lo Mercantil N° 3 de Madrid subastó el derecho a litigar. La firma Burford Capital, especializada en financiar juicios, fue designada para gestionar el litigio y también financió la demanda de Eton Park, otro inversor de YPF.
El acuerdo establece que, en caso de cobro, el 70% de la indemnización será para Burford Capital y el 30% para la quiebra del Grupo Petersen, que a su vez distribuirá esos fondos entre sus acreedores. Según fuentes cercanas a la familia Eskenazi, en la operación de compra se invirtieron US$ 100 millones de fondos propios.