lunes, 4 de agosto de 2025 07:49
El presidente Javier Milei oficializó este lunes, a través del Decreto 534/2025 publicado en el Boletín Oficial, el veto total a los tres proyectos de ley sancionados recientemente por el Congreso: el aumento a las jubilaciones, moratoria previsional y la emergencia en discapacidad.
El Poder Ejecutivo Nacional argumentó que las iniciativas resultaban fiscalmente irresponsables, al incumplir la Ley de Administración Financiera al no prever fuentes genuinas de financiamiento.
Entre los fundamentos, calificó como «exorbitante» el costo fiscal de los tres proyectos, estimando un gasto adicional de más de $7 billones para 2025 y cerca de $17 billones en 2026. Sostiene que esto equivale a casi el 1% del PBI para este año y al 1,68% para el próximo, lo que «dificultaría el cumplimiento de las metas fiscales» y pondría en riesgo el equilibrio fiscal, al que califican como «innegociable».
También, argumentó que el proceso de aprobación en el Senado estuvo «viciado por graves nulidades». El instrumento oficial señala que la sesión del 10 de julio se realizó sin la citación previa correspondiente y que el tratamiento de los proyectos se habilitó con una mayoría simple cuando se requerían dos tercios, debido a una «ilegítima interpretación del Reglamento».
Qué establecían los proyectos vetados
Jubilaciones: Proponía un aumento de emergencia del 7,2%, creaba un bono permanente de $110.000 (actualizable) y establecía transferencias a las cajas previsionales provinciales no transferidas.
Moratoria: Reinstalaba por dos años el Plan de Pago de Deuda Previsional, permitiendo el acceso a la jubilación sin los 30 años de aportes efectivos, y flexibilizaba las condiciones para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
Discapacidad: Declaraba la emergencia nacional en la materia hasta 2026, creaba una nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad y establecía una compensación económica de emergencia para los prestadores del sistema, entre otras medidas.
Tras el veto presidencial, los proyectos regresarán al Congreso, donde la oposición necesitará una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras para insistir y convertirlos en ley.