Un informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia corroboró que, contrariamente a la versión difundida por el Gobierno nacional, los casos de denuncia por violencia doméstica aumentaron este año respecto del año pasado. Las estadísticas indican, además, que las víctimas son mayoritariamente mujeres, es decir, se constata la persistencia de la violencia de género como causa principal de las presentaciones policiales o judiciales respecto de casos de agresiones intrafamiliares.
En el primer trimestre de 2025 se radicaron 4.746 denuncias, un 9% que en igual período del año anterior. Del total de presentaciones, el 66% incluía mujeres afectadas de entre 18 y 59 años; el 36% involucraba a niñas, niños y adolescentes; el 13% a varones de 18 a 59 años, y el 11% a personas de 60 años o más. A su vez, entre las personas afectadas el 73% eran mujeres y el 27%, varones.
Los datos publicados no reflejan la envergadura del fenómeno, porque hay un subregistro de los casos, situación que se explica porque solo un porcentaje mínimo de las víctimas de violencia doméstica se decide a hacer la denuncia. El cálculo que hacen los especialistas es que solo el 20% lo hace.
En el único grupo etario en el que son más las víctimas varones que mujeres es el que va de 0 a 10 años, esto es, los más pequeños, tratándose obviamente de casos de maltrato infantil. Pero a partir de la edad de la pubertad y la adolescencia, la gran mayoría de las víctimas son mujeres.
La vigencia irrefutable de la violencia de género justifica las críticas hacia el Gobierno nacional por el desmantelamiento de las políticas a favor de la protección de mujeres y diversidades. La vigencia irrefutable de la violencia de género justifica las críticas hacia el Gobierno nacional por el desmantelamiento de las políticas a favor de la protección de mujeres y diversidades.
La vigencia irrefutable de la violencia de género justifica las críticas hacia el Gobierno nacional por el desmantelamiento de las políticas públicas a favor de la protección de mujeres y diversidades. El discurso y la postura oficial, además, desalientan las denuncias y el subregistro tiende a incrementarse, según entienden en el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Agustina Rossi, integrante del área de Políticas del equipo, opina que “desde que asumió el nuevo gobierno, no hay organismos a nivel nacional encargados de diseñar y abordar políticas de prevención, como tampoco que lleven adelante campaña de difusión para comunicar opciones a las víctimas de violencia. Esto genera mucha confusión porque las personas no saben qué funciona y qué no, como tampoco están al tanto de qué ayuda pueden recibir».
Debe preocupar, además, la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza tendiente a penalizar las “falsas denuncias” en causas de violencia de género. El delito ya está contemplado en el Código Penal, pero el nuevo proyecto pretende agravar las penas hasta seis años de prisión a quienes no puedan probar el hecho de violencia. Por supuesto, aunque el hecho verdaderamente exista, muchas mujeres desistirán de denunciar ante el temor de que la Justicia considere que no puede probarlo.
El proyecto es, en definitiva, un elemento más para desamparar a las víctimas en un contexto de recrudecimiento de la violencia de género.