domingo, 20 de julio de 2025 10:10
La firma Lácteos Verónica, una de las tradicionales empresas del sector alimenticio en Argentina, solicitó un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y propuso despedir a 210 empleados como parte de un plan de reestructuración para evitar el cierre total de sus operaciones.
La medida impacta directamente en sus plantas ubicadas en Totoras, Lehmann y Suardi, en la provincia de Santa Fe, donde la empresa sostiene actualmente una plantilla de aproximadamente 540 trabajadores. La propuesta oficial incluye la permanencia de solo 330 operarios para intentar sostener la producción en medio de lo que ya algunos sectores califican como una “crisis terminal”.
Durante una audiencia realizada de manera virtual entre representantes de la firma, empleados y funcionarios de la Secretaría de Trabajo, la empresa expuso su delicada situación financiera, que incluye más de 2.000 cheques rechazados por un total cercano a los $6.600 millones, según consta en los registros de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina.
Además de su deuda con proveedores y entidades financieras, Lácteos Verónica adeuda más de medio salario a su personal, así como también el pago completo del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2025.
El procedimiento preventivo de crisis es una herramienta prevista por la legislación laboral argentina para situaciones de gravedad económica, y busca generar condiciones para negociar despidos o suspensiones con reducción de indemnizaciones, evitando un colapso total.
Los trabajadores, por su parte, manifestaron su preocupación por el futuro de sus fuentes laborales y exigieron garantías de pago de los haberes adeudados. Desde los gremios se anticipó que analizan medidas de fuerza en caso de que no se logre una solución que contemple la continuidad del empleo y el cumplimiento de las obligaciones básicas por parte de la empresa.
El caso de Lácteos Verónica se suma a una serie de conflictos laborales que en los últimos meses afectaron a distintas industrias del sector alimenticio, en un contexto de recesión y caída del consumo.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo se anticipó que se convocará a nuevas audiencias para continuar el seguimiento del caso, con la esperanza de lograr un acuerdo entre las partes.