El Gobierno de Javier Milei despidió por decreto a 60 funcionarios de la Procuración del Tesoro de la Nación, en el marco de una reestructuración motivada por sospechas de filtraciones de información sensible en el juicio por la expropiación de YPF.
El caso, que se tramita en Nueva York, llevó a la jueza Loretta Preska a condenar a la Argentina a pagar USD 16.100 millones al fondo Burford Capital, que encabeza la demanda. El Gobierno teme que parte de su estrategia legal haya sido anticipada por los demandantes gracias a posibles filtraciones internas.
Además de los despidos, se reducirá la estructura de la Procuración y se disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. La causa sumó un respaldo con la intervención del expresidente Donald Trump, quien se presentó como amicus curiae.
Esta semana, la Cámara del Segundo Circuito de Nueva York suspendió provisoriamente la orden que obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF, dando aire al equipo legal argentino mientras continúa la apelación.