El Gobierno pide que Preska suspenda el fallo de YPF

En una carta enviada a la jueza Loretta Preska, el Gobierno le pidió a la Justicia de los Estados Unidos que suspenda el fallo contra las acciones de la petrolera estatal YPF. De esta manera, la administración del presidente Javier Milei reclamó la suspensión de la resolución y anticipó que presentará una apelación formal. Así lo comunicó en redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni.

«El Gobierno solicitó la suspensión del fallo de la jueza Prezka y trabaja en la apelación. La sentencia que ordena entregar acciones de YPF es jurídicamente inaplicable: contradice la Ley 26.741, que exige autorización del Congreso por mayoría agravada y desconoce la inmunidad soberana. Las acciones no están en poder del Estado ni son legalmente transferibles», explicó Adorni en su cuenta de X.

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El lunes, Preska ordenó a YPF entregar el 51% de sus acciones para compensar a dos fondos que denunciaron haber sido perjudicados durante la expropiación de la empresa en 2012. En Casa Rosada aseguran que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal y consideran que sería “un daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional.

Por otro lado, apuestan a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla incluso a “algunos cientos de millones”. La Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa ante demandas contra el Estado, pidió esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación norteamericana) para ganar tiempo en el juicio, pero se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda a esa solicitud: pedirá la suspensión directamente a la segunda instancia.

En el Gobierno trabajan con una hipótesis de máxima que es conseguir que la ejecución de la sentencia, ordenada a través de la entrega de las acciones que el Estado tiene en YPF, se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si eso fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se estiren al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación. El peor escenario sería que ni Preska ni la cámara de apelaciones concedan esa suspensión de la sentencia. En ese caso se activaría, a mediados de mes, la concreción del pago ordenado por la jueza.n