lunes, 23 de junio de 2025 13:49
La diputada Silvana Carrizo, presidenta del bloque de la Unión Cívica Radical, cuestionó el pedido de sesión especial convocado por el oficialismo para este martes y advirtió que se busca “darle una lavada de cara” a la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo. “Lo que están haciendo los bloques oficialistas, tanto del Senado como de Diputados, es tratar de darle una lavada de cara a estos errores formales que tuvieron, y poder tratar, tanto en el Senado que ya se efectuó y ahora en Diputados, poder darle esta legalidad que necesita la designación de Dalmacio Mera”, sostuvo en diálogo con Mensajes en la Radio, programa emitido por Radio El Esquiú 95.3.
Carrizo recordó que su bloque y otros espacios opositores judicializaron el decreto que designó a Mera, debido a que “no había tenido la debida publicación en el Boletín Oficial” y se aprobó en comisión “en una fecha muy posterior” a la modificación de la ley que regula el cargo.
La diputada también apuntó a la falta de tratamiento de otros temas: “Nosotros creemos que hacen este llamado de sesión especial debido a que si mañana teníamos labor parlamentaria, la Comisión de Labor Parlamentaria, tenemos mayoría de los bloques opositores, no íbamos a prestar el acuerdo porque así lo venimos haciendo para el tratamiento prioritario de este tema, y ellos la opción que les quedaba es hacer una preferencia para el miércoles que viene, o bien utilizar el artículo que nos avala la sesión especial para fijar cualquier día de sesión, y así lo hicieron para las 10 de la mañana”.
Junto a otros bloques opositores, la UCR pidió que se incluya en la sesión la citación a la ministra de Trabajo, el tratamiento del Pacto Social Educativo, “que es un proyecto que es complementario de la Ley de Emergencia Educativa que viene presentando nuestro bloque hace mucho tiempo, y que permite que nos pongamos a debatir en todas las reformas que son necesarias para el sistema educativo en su conjunto” y la creación de un fondo de reparación salarial “que habíamos presentado con todos los bloques opositores, que implica que el presupuesto que había sido recortado al Poder Judicial, que son 48 mil millones de pesos, sea destinado a la recomposición salarial de todos los empleados públicos”.