El Gobierno de Catamarca oficializó la eliminación de la Tasa de Fiscalización y Control que el Ente Regulador de Servicios Públicos (ENRE) cobraba a través de las facturas de energía eléctrica y agua potable. La decisión, que ya había sido anticipada por el Ejecutivo a mediados de mayo, se concretó ahora mediante el Decreto N° 1037, fechado el 17 de junio y publicado en la última edición del Boletín Oficial de la Provincia.
Con este decreto, el Poder Ejecutivo dispuso dejar sin efecto este cargo que aparecía en las boletas mensuales de los servicios públicos prestados por Aguas de Catamarca SAPEM y Energía de Catamarca SAPEM. La eliminación responde a la disolución del ENRE, establecida previamente mediante el Decreto Acuerdo N° 718/2025, cuyas funciones pasaron a estar bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo y el nuevo Defensor del Pueblo provincial.
El texto del decreto señala que, si bien esta tasa constituía una fuente de financiamiento para el ahora extinto ENRE, “el Estado Provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, asume los costos que impliquen el ejercicio de las tareas de control y fiscalización”, por lo que se exime a los usuarios de seguir pagando este concepto. La norma también aclara que el cobro queda sin efecto en los contratos de concesión vigentes con las empresas prestatarias, a fin de evitar su traslado a los usuarios.
Impacto económico
Según datos difundidos por el Gobierno provincial, la Tasa ENRE representaba un 1,5% del básico energético (suma del cargo fijo y cargo variable) en las boletas de usuarios residenciales y comerciales, lo que en la práctica equivalía a entre 700 y 1.000 pesos. En el caso de los grandes usuarios, el impacto era mayor, con excepción de los sectores industrial y de riego agrícola, donde la alícuota era del 0,5%.
Reclamos previos desde la oposición
La continuidad del cobro de esta tasa, pese a la disolución del ente regulador, había sido motivo de reclamo por parte de legisladores de la oposición. El diputado provincial Alfredo Marchioli y el concejal capitalino Fernando Navarro (UCR) habían solicitado formalmente al Ministerio de Hacienda la «eliminación inmediata» del cargo.
Ambos señalaron que la tasa carecía de justificación legal tras la desaparición del organismo al que debía financiar. “Queremos que nos dejen de meter la mano en el bolsillo, de todos los catamarqueños con items indebidos”, sostuvo el Dr. Navarro.