La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner emitió duras críticas contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien calificó de «nefasta» y «gran fracasada», por el operativo policial montado en la puerta de su departamento en San José 1111. La exmandataria denunció que la acción se realizó «sin orden judicial y en forma completamente ilegal» durante la madrugada.
Según la presidenta del PJ Nacional, el objetivo de Bullrich es «provocar conflictos» para «generar caos y tener protagonismo», además de «prestar el servicio al gobierno de turno para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país».
Ante esta situación, Fernández de Kirchner pidió a los militantes, que se habían autoconvocado para un banderazo frente a su casa, que redireccionen su manifestación hacia el auditorio de Parque Lezama.
A través de sus redes sociales, la expresidenta solicitó «sabiduría y templanza» a sus seguidores, instándolos a no ser «ingenuos ni funcionales a la provocación de la Señora Violencia». El equipo de comunicación de la exmandataria confirmó que Cristina Kirchner hablará a la militancia durante la demostración de apoyo, comunicación prevista para las 17.
La polémica surge en el contexto de la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner, confirmada tras la ratificación de su condena en la causa “Vialidad”, por la Corte Suprema de Justicia.
La expresidenta ya había cuestionado el régimen de visitas impuesto por el Tribunal Oral Federal N°2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
Este régimen exige autorización previa para cualquier persona que no pertenezca a su círculo familiar, legal o médico. Kirchner calificó estas restricciones como un «régimen de exclusión totalmente arbitrario, que no se le aplica a nadie y violatorio de mis más elementales derechos civiles».
Sus abogados, Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, presentaron un recurso de reposición contra la resolución dictada el 17 de junio, que obliga a la exmandataria a presentar un listado de visitas y requerir autorización para cualquier otra persona. En el mismo escrito, dejaron interpuesta la posibilidad de un recurso de casación y advirtieron que, de ser necesario, acudirán a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales de derechos humanos.
Según el documento compartido por la expresidenta, los jueces no están facultados para «imponer reglas de conducta adicionales» a quienes cumplen arresto domiciliario. Además, la defensa argumenta que la restricción es inaceptable en un sistema democrático, donde «no puede limitarse el derecho que tiene un dirigente político a mantener contactos directos» con otras figuras políticas, asesores o profesionales.
El gobierno, por su parte, evitó entrar en la polémica por los actos en frente del domicilio de la expresidenta. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que las manifestaciones frente a la casa de Cristina Kirchner «se van a ir diluyendo con el tiempo».