Congruente con su posición de liberar el uso de armas a la población civil, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desreguló por decreto la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas mayores a calibre 22. Estas armas –símil fusiles, carabinas y hasta subametralladoras- hasta ahora eran solo de uso militar. Si bien la resolución habla de un uso deportivo de este tipo de armas, hay coincidencia generalizada respecto de que la flexibilización en la adquisición será factor importante en la canalización hacia el mercado ilegal.
Desde la Red Argentina para el Desarme analizan que el Estado nacional no cuenta con la capacidad mínima para ejercer controles eficaces que impidan la derivación de estas armas para su empleo clandestino por parte de organizaciones criminales. La ANMAC (Agencia de Materiales Controlados), el organismo que regula la tenencia de armas, tiene apenas 10 inspectores en todo el territorio nacional, lo que corrobora su irrelevancia para una tarea tan compleja.
La desregulación mencionada se suma a otras en el mismo sentido promovidas por el Ministerio de Seguridad: la baja a 18 años de la edad permitida para la tenencia de armas y la habilitación de un trámite digital de tenencia exprés.
Las medidas de flexibilización para el acceso a armas abren enormes e inquietantes interrogantes respecto de los riesgos que entrañan. Las medidas de flexibilización para el acceso a armas abren enormes e inquietantes interrogantes respecto de los riesgos que entrañan.
En 2018, durante su anterior gestión como ministra de Seguridad, Bullrich había declarado que “el que quiera estar armado, que ande armado, el que no quiere que no ande armado. La Argentina es un país libre”. Sus intentos de avanzar en la libre portación de armas no prosperaron porque en el país hay un rechazo mayoritario a esta medida. Sin embargo, dentro de la Libertad Avanza son varios los dirigentes que se han pronunciado a favor, entre ellos el propio Javier Milei. También fueron enfáticos a favor de la libre portación el dirigente tucumano Ricardo Bussi y en Catamarca el empresario Javier Galán.
La desregulación de la compra y tenencia civil de armas semiautomáticas mayores a calibre 22 es particularmente grave porque tienen letalidad potencial muy alta y son las que se utilizan habitualmente en masacres públicas, de las que son bastante habituales en Estados Unidos, porque “permiten causar daños de magnitudes gigantescas con muy poco esfuerzo”, según la opinión de Rodrigo Pomares, especialista en la materia y coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
Armas semiautomáticas mayores a calibre 22 como las mencionadas en el decreto fueron utilizadas, por ejemplo, en la masacre de la escuela Sandy Hock, donde murieron en 2012 20 niños y 8 adultos; o en las consumadas el año pasado Georgia, con 4 muertos, y en 2018 en Miami, con 17 muertos.
Las medidas de flexibilización para el acceso a armas y la incapacidad estatal para un control adecuado respecto de dónde van a parar finalmente, abren enormes e inquietantes interrogantes respecto de los riesgos que entrañan. Tal vez sea conveniente revisar la estrategia desreguladora para evitar tragedias futuras.