La Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, bajo instrucciones directas del jefe de Gobierno Jorge Macri, presentó ante la Justicia un escrito para advertir sobre los “efectos negativos” que tendría la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner en su departamento de la calle San José y Humberto Primo, en pleno barrio de Constitución. El documento plantea una serie de objeciones de orden público, seguridad y movilidad urbana, en un contexto donde ya se registraron movilizaciones en las inmediaciones del inmueble.
“El barrio de Constitución carece de capacidad operativa para un dispositivo permanente de custodia sin perjuicio grave al interés general”, afirma el texto dirigido al juez Jorge Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, quien definió que la referente peronista cumpla la condena en su domicilio.
La nota judicial fue presentada como una “manifestación formal de preocupación” ante la posibilidad de que el tribunal habilite el departamento de la expresidenta como sede del arresto domiciliario. Desde el Gobierno porteño sostienen que se trata de una zona “de alta densidad y tránsito”, atravesada por arterias claves como la Avenida 9 de Julio, Independencia y Entre Ríos, lo que volvería insostenible el funcionamiento habitual del barrio en caso de otorgarse esa medida.
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Según la Procuración, el inmueble en cuestión ya generó complicaciones incluso antes de que la Justicia resolviera sobre su uso como domicilio de cumplimiento de condena. “La Ciudad advierte que ya se están registrando concentraciones, cortes de calles, ruidos molestos y sobrecarga operativa desde que se confirmó la condena de la exmandataria”, advierte el escrito, y solicita a Gorini que adopte “medidas excepcionales para garantizar el orden público y los servicios urbanos”.
En esa línea, el Gobierno de la Ciudad reclamó que se dé intervención a las autoridades locales en el análisis del entorno urbano, ya que, según denuncian, el TOF 2 “ordenó una inspección detallada del estado edilicio, entorno barrial, flujo vehicular y peatonal, viviendas linderas y seguridad”, pero lo hizo “requiriendo informes sólo a organismos federales, sin dar intervención a la autoridad local competente”.
La Procuración también alertó por las consecuencias que tendría una eventual presencia permanente de fuerzas de seguridad y manifestantes en la zona, no sólo para el tránsito, sino también para las instituciones educativas. En el documento se señala que “en las inmediaciones del inmueble funciona la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, con la consecuente afluencia de miles de estudiantes, docentes y personal administrativo”, por lo que “la instalación de un operativo de seguridad permanente afectaría sensiblemente el acceso, la circulación y el normal desarrollo de las actividades académicas”.
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Además, remarcan que la visibilidad pública de Cristina Kirchner podría intensificar la tensión. “La detención de una figura política de alta visibilidad atraerá concentraciones masivas de partidarios y opositores en una zona intermodal ya congestionada”, se advierte.
En el tramo final del documento, la Ciudad solicita que, en caso de que se autorice el cumplimiento de la prisión domiciliaria en el departamento de San José al 1100, se implementen “acciones administrativas coordinadas” entre Nación y Ciudad, como la “delimitación de horarios y condiciones para el ingreso de personas vinculadas al entorno de la Sra. Cristina Fernández de Kirchner”, así como la “garantía de acceso vehicular y peatonal a los domicilios linderos, con prioridad para residentes y servicios de emergencia”.
También se piden “medidas paliativas específicas” con participación de las áreas técnicas de ambos gobiernos para “resguardar el interés público”.
El planteo judicial ocurre mientras el TOF 2 evalúa si la ex presidenta, condenada por la causa Vialidad, puede acceder al beneficio de la prisión domiciliaria. La decisión de Gorini, aún sin fecha confirmada, deberá resolver no sólo las condiciones personales de la ex mandataria, sino también el impacto político e institucional de su eventual cumplimiento de pena en el corazón del macrocentro porteño.
JD / Gi