El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió a un grupo de gobernadores para avanzar en una serie de planteos que habían hecho los mandatarios en el marco de la caída de la recaudación. El catamarqueño Raúl Jalil fue uno de los que integró la mesa, junto a Ignacio Torres (Chubut), Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto. Como primera cuestión, discutieron sobre una distribución menos discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la posibilidad de rediscutir el impuesto a los combustibles, algo que también se propuso en el Senado con dos proyectos de ley similares.
«Conversamos sobre una iniciativa impulsada por la totalidad de los gobernadores para encontrar una forma de contemplar, de manera consensuada, los intereses provinciales y nacionales en relación con los Aportes del Tesoro Nacional, que históricamente fueron discrecionales, y el impuesto a los combustibles. Los gobernadores manifestaron que no pretenden comprometer el equilibrio fiscal, una premisa innegociable del Gobierno nacional, y que debe consolidarse como objetivo permanente en la gestión del Estado», destacó Francos en las redes sociales al terminar la reunión, a la que calificó como «un encuentro de diálogo y búsqueda de entendimiento para seguir construyendo un vínculo sólido y responsable entre la Nación y las provincias».
En la reunión también participaron el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. El encuentro con Francos se había solicitado cuando los gobernadores se encontraron en el CFI la semana pasada, alertados por la fuerte caída de la coparticipación. En ese sentido, habían acordado avanzar sobre una distribución más equitativa de las responsabilidades fiscales que habían firmado en el ‘Pacto de Mayo’ el 9 de julio del año pasado.
En lo que respecta al impuesto a los combustibles, si bien lo que se distribuye a las provincias tiene una asignación específica a obras viales, los gobernadores reclamaron al Gobierno nacional que ejecutó menos del 50% de lo recaudado y pidieron que se reactive ese flujo de inversión.
La propuesta, además, es que lo proyectado para los ATN se sume, junto al impuesto a los combustibles, a la lista de recursos de transferencia automática a las provincias. Según señalaron algunos medios de alcance nacional, en Casa Rosada admitieron que «algunos de los pedidos fueron razonables» y se comprometieron mantener abierto el canal de diálogo.
En el Senado se presentaron dos proyectos con la idea de rediscutir la distribución del impuesto a los combustibles. Uno es autoría del senador por Catamarca, Guillermo Andrada, y del riojano Fernando Rejal. El otro, del salteño Sergio ‘Oso’ Leavy. Aunque con algunas diferencias, ambos proponen que el recaudado por el impuesto a los combustibles se reparta con un mayor porcentaje destinado a las provincias.
La presencia de Guberman intentó traducir la voluntad de la administración libertaria de intentar analizar los números expuestos por los gobernadores que reclamaron además por la problemática abierta a raíz de la parálisis de la obra pública. «Si bien se trata de un planteo responsable, tenemos que analizar los números reales. De realizar las transferencias también hay que transferir las responsabilidades», precisaron.
El gobernador santacruceño Claudio Vidal aseguró en sus redes sociales que la reunión que «todos los mandatarios coincidimos en que la merma de los recursos coparticipables complica seriamente el funcionamiento de los estados provinciales». «Reclamamos alternativas urgentes que permitan revertir esta situación. También pusimos sobre la mesa la situación del impuesto a los combustibles, que pagan los consumidores y que por ley destina un 28,5% de su recaudación al fideicomiso para infraestructura vial. Sin embargo, en 2024 se ejecutó menos del 50% de ese monto. Por eso exigimos al Gobierno nacional que esos fondos vuelvan a las provincias en forma de obras concretas», sostuvo.
Ziliotto, por su parte, remarcó que la situación de las provincias está «agravada por la mayor responsabilidad asumida en cuanto a salud, educación, seguridad, justicia, contención social y obra pública». «Dejamos nuestra propuesta para recuperar recursos, sin que ello afecte las finanzas nacionales. Se trata de recursos con afectación específica que son administradas por el Gobierno nacional pero pertenecen a las provincias o financian funciones que han quedado bajo su responsabilidad», agregó.