Después de la aprobación del decreto que introduce modificaciones a la Ley N° 5337 de Creación de la Defensoría del Pueblo en el Senado, se esperaba que fuera debatido en la sesión de la Cámara de Diputados el pasado miércoles. Sin embargo, mediante una moción de preferencia impulsada por el diputado y presidente del bloque del Frente de Todos, Gustavo Aguirre, se decidió postergar su tratamiento para la sesión del próximo 18 de junio.
Este decreto, desde su génesis, ha sido defendido por el oficialismo y fuertemente cuestionado por la oposición, quien presentó una acción de amparo contra el decreto 719/25 que luego fue desestimado por la justicia.
Entre los defensores del instrumento se encuentra el presidente del bloque oficialista en Diputados, Gustavo Aguirre, quien manifestó en reiteradas oportunidades que el decreto del gobernador Raúl Jalil tiene como objetivo cambiar la normativa vigente para que la designación del Defensor del Pueblo ya no recaiga exclusivamente en la Legislatura, sino que sea facultad del Ejecutivo con el acuerdo de las dos terceras partes del Senado.
Aguirre argumentó que el mecanismo de designación previo, vigente desde 2011, era «muy complejo” y no permitía alcanzar los consensos necesarios para constituir y designar a un defensor, “una situación que persiste desde hace más de una década en el país y la provincia”.
Según Aguirre, estos cambios permitirán que Catamarca cuente finalmente con un Defensor del Pueblo en funciones.
Modificaciones
Con despacho favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y de Legislación General, el Senado acompañó el proyecto del Ejecutivo, con mayoría oficialista, pero introdujo cambios claves: derogó los artículos 4°, 7°, 11°, 12°, 17° y 18° del Decreto Acuerdo N° 719, en los términos del artículo 184 de la Constitución Provincial.
Según el artículo 1° de la ley modificada, se establece la creación de una Defensoría del Pueblo con autonomía funcional y autarquía financiera, bajo la órbita del Poder Legislativo.
La Defensoría del Pueblo verá modificada la función de su Comisión Bicameral, que en lugar de designar candidatos tendrá ahora la tarea de controlar y seguir las actividades del Defensor.
Se espera que la Defensoría concentre diversas competencias, incluyendo la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios ante empresas de servicios públicos, así como la protección de los intereses de sectores vulnerables como niños, niñas y adolescentes.
Amparo
El bloque de diputados de la UCR presentó dos recursos de amparo con medidas cautelares para suspender la aplicación de los Decretos Acuerdo nº719/25 y nº781/25 con los que el Gobierno modificó la Defensoría del Pueblo y designó a Mera en comisión.
Con respecto a la designación de Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo, desde el bloque radical apuntaron que el decreto «modificó el procedimiento legal vigente» y «designó en comisión a un exministro del propio gobierno antes de que la norma que habilitaba esa designación estuviera vigente».
«La propia Corte reconoció que esto plantea serias objeciones constitucionales, pero aun así rechazó el amparo por razones de ‘admisibilidad, evitando pronunciarse sobre el fondo del asunto», sostuvieron. Y aseguraron que este hecho implica «un serio debilitamiento del control judicial sobre actos del Ejecutivo que afectan al equilibrio republicano».