La localidad de Santa Rosa, en el departamento Valle Viejo, atraviesa una situación crítica por la expansión descontrolada de usurpaciones de terrenos. Lo que comenzó a fines de mayo con la ocupación de un predio por un pequeño grupo de familias cerca del barrio Tabacaleros, se transformó en un asentamiento masivo de más de 300 familias.
Así lo confirmó el comisario mayor Claudio Barrios, jefe de la Regional N°2 zona norte, quien calificó el hecho como un “delito flagrante” y reconoció que el avance de la toma está fuera de control.
“Estas personas decidieron por su cuenta ocupar tierras, argumentando necesidad de vivienda. Pero se trata de un delito y así lo establece la ley”, expresó Barrios. La presencia de menores y mujeres, incluso lactantes, dificulta la posibilidad de intervenir. Aunque ya existen denuncias por parte de los propietarios y algunas directivas judiciales, la policía carece de recursos para contener la situación: “No tenemos capacidad operativa para detener o retirar a tantas personas sin poner en riesgo a terceros”, advirtió.
Pese a los relevamientos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la usurpación no se detuvo. Barrios subrayó que el fenómeno se “puso de moda” y que muchos ocupantes ni siquiera permanecen en los terrenos, sino que los marcan a la espera de que el Estado intervenga con soluciones habitacionales. “Algunos se van de noche, otros se turnan. Y hay quienes solo han delimitado el terreno sin habitarlo”, explicó.
El comisario remarcó que el operativo para prevenir nuevas tomas se ve limitado por la falta de móviles, personal y extensión territorial. También advirtió sobre el riesgo de una orden judicial de desalojo que, llegada tarde, podría desatar un conflicto mayor: “No es lo mismo prevenir que actuar cuando el daño ya está hecho”, sostuvo. Por ahora, la situación continúa sin solución a la vista, y con una tensión creciente que pone en jaque tanto a la seguridad como a la política habitacional de la provincia.