martes, 10 de junio de 2025 21:40
El martes, familiares de dos venezolanos deportados por Estados Unidos y encarcelados en una prisión de máxima seguridad en El Salvador solicitaron al gobierno de Nayib Bukele información sobre la situación jurídica de los detenidos y el derecho a verlos, como prueba de vida.
Las mujeres, Jhoanna Sanguino y Reina Cárdenas, llegaron con el apoyo de Walter Márquez, integrante de la Fundación venezolana El Amparo Internacional. Juntos presentaron un reclamo formal al gobierno salvadoreño para poder interceder por el bienestar de sus seres queridos, quienes fueron enviados al país tras ser acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.
Una de las integrantes, Jhoanna Sanguino, se identificó como tía de Widmer Agelvis Sanguino, uno de los venezolanos detenidos. Reina Cárdenas, que se presentó como abogada de la familia de otro preso, Andy Hernández, fue parte del grupo que exigió claridad sobre las condiciones de los reclusos.
El grupo también viajó a El Salvador para abogar por los 252 venezolanos que fueron deportados entre el 15 de marzo y el 13 de abril, quienes se encuentran en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo, que Bukele construyó para recluir a pandilleros peligrosos.
Las autoridades estadounidenses acusaron a estos migrantes de ser miembros de la organización criminal Tren de Aragua, que fue designada como terrorista por el gobierno de Trump a finales de febrero, junto a diversas agrupaciones delictivas. Como parte de un acuerdo entre Estados Unidos y El Salvador, este último ha acordado albergar a migrantes detenidos.
Los familiares de los deportados han refutado las acusaciones y demandaron el contacto con sus seres queridos, mientras que Human Rights Watch denunció detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en este caso. “Hemos venido a solicitar principalmente el derecho a una visita. Muchos saben que Estados Unidos los trajo a El Salvador, pero no hay evidencia de vida, no se conoce su situación real”, sentenció Márquez a los medios.
El activista manifestó la necesidad de conocer la salud de los detenidos y detalles sobre su situación legal, destacando que en El Salvador no hay expedientes que vinculen a los detenidos con algún delito. Sin embargo, las autoridades estadounidenses y salvadoreñas no han proporcionado una lista oficial de los deportados, y solo se han hecho públicos los nombres de 30 ciudadanos que han sido representados por un grupo de abogados ante la Corte Suprema de Justicia. Este grupo ha solicitado un recurso de hábeas corpus argumentando que no tienen vínculos con actividades criminales, pero aún no han recibido respuesta.
La solicitud de hábeas corpus busca supervisar el derecho a la libertad y a la integridad de los detenidos, un proceso que pretende verificar la legalidad de la detención. Mientras tanto, la incertidumbre persiste, y los familiares continúan exigiendo respuestas y pruebas de vida de sus seres queridos.