La baja de la natalidad es un fenómeno global, y sus causas son múltiples, estructurales y socioculturales. Aunque varían según el país y la región, hay varios factores comunes. En cuanto a si la legalización del aborto tiene una incidencia directa en la baja de natalidad, la evidencia empírica muestra que su efecto es marginal o limitado comparado con otros factores de mayor peso.
Mientras algunos sectores de la política apuntan directamente a la ley 27.610 de interrupción legal del embarazo (IVE) como la principal responsable de la caída de los nacimientos en el país, los datos muestran otra realidad: la maternidad no se posterga por ideología, sino por falta de condiciones materiales y políticas públicas sostenidas.
En Argentina cada vez nacen menos niños. La tasa global de fecundidad -es decir, la cantidad promedio de hijos por mujer- se ubica hoy por debajo del nivel de reemplazo poblacional; apenas 1,4 hijos por mujer. El número total de nacimientos cayó un 40% en la última década. Esta tendencia, lejos de ser exclusiva de nuestro país, se observa en todo el mundo. Pero en Argentina, la discusión pública ha optado por el atajo ideológico; culpar a la interrupción legal del embarazo de una baja natalidad que tiene causas mucho más profundas y estructurales.
Desde la sanción de la Ley 27.610, que garantiza el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (sólo hasta la semana 14 inclusive, luego de ello el aborto sigue siendo delito) se han realizado más de 275.000 procedimientos en el sistema público de salud. Sin embargo, la caída de la natalidad comenzó mucho antes. En 2014, Argentina ya tenía una tasa descendente, con mayor acceso a métodos anticonceptivos, cambios culturales en torno a la maternidad y un contexto económico que desincentivaba los proyectos familiares. En otras palabras, la legalización del aborto no creó esta tendencia, solo la hizo más visible, permitiendo que las maternidades sean una decisión y no una obligación.
Ahora bien, lo que no se discute, o se discute poco, es por qué tantas mujeres y parejas deciden no tener hijos o tener menos. La respuesta es simple: porque criar en Argentina es un acto de resistencia. El costo de vida se disparó, los salarios perdieron poder adquisitivo, la informalidad laboral castiga a toda la ciudadanía, pero muy especialmente a las mujeres, mientras que, por otro lado, los sistemas de cuidado -guarderías, jardines maternales, licencias laborales, entre otros- son mínimos o muy costosos para muchos hombres y mujeres que deseen tener hijos. Evidentemente, en este escenario, ser madre no es un derecho ni una elección libre, por el contrario, es una carga difícil de sostener sin redes ni políticas que acompañen.
Resulta llamativo que se acuse a las mujeres de no querer tener hijos, pero no se cuestione qué hace el Estado para acompañarlas cuando sí los tienen. ¿Dónde están las políticas de incentivo a la crianza, las licencias parentales igualitarias, los jardines gratuitos de jornada completa? ¿Dónde está el compromiso con una verdadera equidad en la crianza? Si el aborto es legal, pero criar es imposible, la pregunta no debería ser por qué se interrumpe un embarazo, sino por qué no se puede sostener uno deseado.
En lugar de demonizar el derecho a decidir, deberíamos celebrar que por fin las maternidades sean deseadas, elegidas y autónomas. El verdadero debate no pasa por penalizar el aborto, sino por garantizar las condiciones para que quienes sí quieren maternar puedan hacerlo con dignidad. La caída de la natalidad no es un efecto secundario de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino una alarma sobre el abandono estructural del Estado.
En definitiva, la baja de la natalidad es un fenómeno asociado a procesos complejos: mayor educación e información, cambios en el rol de la mujer, urbanización, crisis económica y nuevas valoraciones culturales sobre la maternidad. Claro que la legalización del aborto puede influir mínimamente, pero no es una causa significativa y no es la causa de la baja de natalidad en el mundo, pues que el aborto esté legalizado en el país no induce a abortar, porque la mayoría de las mujeres que abortan ya tenían decidido no continuar el embarazo, y lo harían de todas formas (legal o no).
Decidir si traer una vida al mundo debería ser un acto de libertad, no una condena a la precariedad. En otras palabras, mientras no se garantice educación, salud, vivienda, trabajo y cuidado, ningún discurso podrá revertir la curva descendente de nacimientos. Porque el problema no es que las mujeres no quieran ser madres. El problema es que, en nuestro país, serlo sigue siendo un privilegio de pocas; como también lo era la posibilidad de abortar antes de la sanción de la ley, nada más que desde la clandestinidad, pero en condiciones más favorables de salubridad, higiene y seguridad. El resto, esto es, las mujeres más pobres y vulnerables, simplemente morían.
(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca. Profesor adjunto de Derecho Penal II de la Universidad Nacional de Catamarca. Miembro de la Mesa Nacional de Asociación Pensamiento Penal. Miembro del Foro Penal Adolescente de la Junta Federal de Cortes (Jufejus). Miembro de Ajunaf. Miembro de la Red de Jueces de Unicef.