martes, 10 de junio de 2025 09:56
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) avanza con el proceso de auditoría masiva de pensiones no contributivas por invalidez laboral en todo el país, con el objetivo de depurar el padrón y verificar que los beneficiarios realmente cumplan con los requisitos legales: discapacidad con invalidez laboral permanente y situación de vulnerabilidad social.
En diálogo con Radio El Esquiú, la licenciada Miriam Juárez, ofreció definiciones clave sobre el alcance y estado del proceso.
«Durante años se construyó sobre la mentira»
«Durante muchos años se construyó sobre la mentira. Hay gente que cobra una pensión que no le corresponde y al mismo tiempo, personas con discapacidad real que no acceden al beneficio. Esto se naturalizó como algo normal y no lo es», afirmó Juárez.
Aunque aclaró que ANSES no otorga estas pensiones, sino que solo actúa como unidad de enlace para recibir documentación, confirmó que en Catamarca, como en el resto del país, se están auditando los casos ya otorgados por ANDIS.
Un 42% no asiste a las auditorías
Según datos preliminares, el 42% de los convocados no está asistiendo a las auditorías. “Algunos no van porque no recibieron correctamente la notificación, otros aducen problemas de salud, pero también hay quienes directamente no se presentan porque saben que no podrán probar la discapacidad”, explicó.
La notificación se realiza vía carta documento, con indicaciones precisas sobre lugar, fecha y hora. Además, se incluyen canales de contacto en caso de errores o inconvenientes. Quienes no puedan asistir deben justificar su ausencia o se suspenderá el pago tras dos inasistencias consecutivas.
¿Qué se debe presentar?
Los beneficiarios deben asistir con su certificado de discapacidad, estudios médicos y documentación respaldatoria. En casos sencillos, no se exigen estudios recientes ni trámites adicionales. Al finalizar, el médico auditor entrega una constancia que puede presentarse por correo o en oficinas de ANSES.
“Una persona que realmente está bajo tratamiento, que va a controles, tiene su documentación. Es una situación que se puede justificar fácilmente si el caso es legítimo”, agregó.
Cifras que preocupan
En 2003, había 79.000 beneficiarios de pensiones no contributivas. Hoy, el número supera los 1.270.000. El incremento, según Juárez, coincide con años electorales: “Esto se transformó en una herramienta clientelar. En años electorales se disparaba la cantidad de pensiones otorgadas sin respetar la normativa”.
Las provincias con mayores irregularidades detectadas son Formosa, Chaco, Santiago del Estero y parte del conurbano bonaerense, aunque “en todo el país hay pensiones mal otorgadas, incluyendo Catamarca”.
Juárez subrayó que la ley exige dos condiciones obligatorias para acceder a una pensión no contributiva: una discapacidad que implique invalidez laboral permanente y una situación de vulnerabilidad económica. “No es suficiente tener una afección temporal ni una enfermedad leve. El beneficio es para quienes no pueden trabajar nunca más, por una patología grave y permanente”, detalló.