La Cámara de Diputados aprobó en general por una amplia mayoría los proyectos impulsados por la oposición de incrementos de los haberes jubilatorios en un 7.2%, el aumento del bono complementario de $70.000 a $110.000 y la restitución de la moratoria previsional por dos años, el sistema que permitía que las personas sin los 30 años pudieran comprar los aportes faltantes para acceder a la jubilación mínima. Las iniciativas contaron con los votos negativos del oficialismo y un sector de los aliados, en tanto que el Gobierno ya adelantó que utilizará el veto presidencial al considerar que afectan el orden fiscal.
El aumento a las jubilaciones fue aprobado por 142 votos contra 67 rechazos y 19 abstenciones (UCR y PRO). Entre los votos positivos estuvieron los catamarqueños Sebastián Nóblega, Silvana Ginocchio y Dante López Rodríguez, todos de Unión por la Patria. El radical aliado, Francisco Monti, votó por la negativa. Fernanda Ávila (UP) estuvo ausente.
En general, los votos positivos fueron aportados por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia par Siempre, la Coalición Cívica, la izquierda, Movimiento Popular Neuquino, Producción y Trabajo, algunos radicales, y Por Santa Cruz.
El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció su decisión de vetar la Ley de Emergencia en Discapacidad y cualquier proyecto de ley que impacte el equilibrio fiscal, incluyendo el aumento en las jubilaciones y bonos para esta franja etaria.
Lo hizo incluso antes de que se aprobara el proyecto en la Cámara de Diputados y remarcó que para el oficialismo la viabilidad fiscal es innegociable.
En ese sentido, Francos justificó la decisión señalando que, si bien el sistema previsional y la discapacidad son temas sensibles e importantes para la sociedad, «el Estado no puede pagar salvo que volvamos a emitir dinero y endeudarnos».
En la previa de la sesión, desde el oficialismo hicieron públicos algunos cálculos sobre el impacto presupuestario de los proyectos. Sin embargo, muchas de las cifras fueron cuestionadas por la oposición, que además incluyó recortes del gasto tributario para garantizar esos recursos: por ejemplo, la eliminación de la exención al IVA para los directores de empresa, la eliminación de la exención del impuesto a las ganancias a las sociedades de garantía recíproca, que se destine el ahorro presupuestario logrado cuando el FMI quitó los recargos a los intereses, la nacionalización de los fondos de ACARA y de CSA de los entes recaudadores por los registros automotor y un redireccionamiento de todas las partidas que por DNU le fueron otorgadas a la SIDE.
En esa línea, señalaron que el aumento del bono a $110 mil y su posterior actualización por inflación, tendría un costo fiscal de alrededor de 0.26% del PBI. Según un informe elaborado por el Palacio de Hacienda, el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones abonadas por la ANSES que tengan la movilidad determinada por el artículo 32 de la ley 24.241, tendrá un costo de 0,20% del PBI para el 2025 y del 0,42% para 2026. En total acumulan un 0,7% del PBI. n