Nación defendió su programa de obra pública

El secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, destacó que “el primer objetivo del Gobierno en materia de obras públicas fue revisar el desorden administrativo y de deudas que tenían las 2.337 obras que analizamos”. Lo hizo en el marco de la 70° Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción, donde remarcó que el Gobierno pudo «priorizar en qué obras tenía que estar el Estado y en cuáles no». «Llegamos a la conclusión de que en las obras municipales (cordones, vestuarios, plazas) no eran prioritarias, y que necesitábamos hacer una base firme para poder crecer”, dijo. Antes, el presidente de la CAMARCO, Gustavo Weiss, había reclamado que «la infraestructura debe ser una prioridad para el Estado”.

Giovine subrayó que “en segunda instancia convocamos a las provincias para hacer un plan de obras necesarias y se llegó al acuerdo de transferir 500 a las administraciones provinciales, y dar de baja a 1.668, mientras que otras 183 iban a seguir ejecutadas por el Gobierno nacional, con 115 convenios y 68 contratos”.

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El secretario de Obras Públicas manifestó que “se logró que 21 provincias firmaran acuerdos de transferencia para reiniciar 122 de las 183 obras proyectadas, que son el 70% del total”. “También negociamos 42 contratos de obras para acomodarlos por el desorden administrativo que tenían mientras que en 9 obras hubo que volver a negociar los contratos”, agregó.

El funcionario dijo que “con ese mecanismo tenemos cuatro obras que van a ser terminadas, que son el Acueducto Vipo de Tucumán, de 127 mil millones de pesos, el Acueducto Albigasta, en Catamarca, de 102 mil millones de pesos, el Acueducto Chaco, de 71 mil millones de pesos y la Planta Tratamiento de Efluentes cloacales de Pinamar, donde se presentaron ocho empresas con montos licitados de 23 mil millones de pesos”.

Giovine recordó que también las revisiones llegaron a la construcción de viviendas a través de la reformulación del Plan Procrear y el de Casa Propia. «Encaramos otra forma en la cual el Gobierno nacional no es el ente financiador sino que ese rol se ejecuta desde las provincias, con fondos propios y en base a las necesidades locales y a las posibilidades reales de financiamiento”, señaló.