lunes, 2 de junio de 2025 19:55
Con la llegada de junio, los comercios argentinos dejan de estar obligados a realizar aportes al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP), tras la entrada en vigor del Decreto 149/2025 que lo convierte en voluntario. La medida fue dispuesta por el Gobierno nacional a principios de marzo y comenzó a aplicarse tras cumplirse los 90 días de vigencia desde su publicación.
La normativa establece que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cargas económicas en beneficio de cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a los no asociados, salvo que estos acepten voluntariamente”. De esta manera, se suspende la obligación de que los empleadores aporten mensualmente por cada empleado, una práctica que inició en 2008.
El aporte, que en marzo había alcanzado los 4.725,02 por trabajador, generaba una recaudación mensual de más de $5.600 millones y aproximadamente $70.000 millones por año, considerando los más de 1,2 millones de empleados del sector comercio. Hasta ahora, estos fondos iban a las gremiales empresarias, aunque los empleadores no participaban en las actividades de capacitación o formación.
Desde la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM), saludaron la medida, afirmando que representa un cambio importante en las obligaciones de los empleadores. Además, cuestionaron que durante 17 años hayan pagado por un sistema en el que no participaban y criticaron la falta de rendición de cuentas por parte de las gremiales que administraron esos fondos. Solicitaron que esta decisión sea ratificada por ley para garantizar que no pueda ser impuesta nuevamente en el futuro.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la entrada en vigor, destacando que “bajamos costos en comercio, metalúrgicos, producción avícola, calzado, turismo, gastronomía y otros sectores”. Además, afirmó que esta medida refleja un principio fundamental del liberalismo, en línea con las ideas del presidente Javier Milei, que privilegia la libertad sobre el uso del poder coercitivo del Estado para sacar recursos a los ciudadanos.