Fuerte reclamo por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad

Profesionales, organizaciones, familiares y personas con discapacidad salieron a la calle, como en numerosas ciudades de todo el país, para reclamar por la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que se votará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación. Las profesionales reclamaron la falta de actualización de sus honorarios y los familiares lamentaron la posibilidad de quita de pensiones y la escasa cobertura prestacional.

“Somos madres y padres que estamos aquí adhiriendo a una convocatoria nacional para que se actualice el nomenclador a los prestadores de discapacidad. Para eso es necesario que se declare la emergencia de discapacidad, todo lo que está pasando perjudica indirectamente a nuestros chicos, que necesitan estar en la terapia y que no se corte.

Está peligrando esa prestación porque muchos profesionales no pueden cobrar desde hace tres meses, inclusive cobrando, a los prestadores les afecta económicamente, a las familias les afecta en el sentido de una vulneración de derechos. Los chicos tienen derecho a acceder a las terapias que están promulgadas por una ley, la 24.901, que además tiene una adhesión provincial desde hace más de 10 años. Porque el tema también es que hay muchos profesionales que al estar cobrando poco, terminan optando por decir, bueno listo, yo voy a recibir esto que me va a pagar la obra social y aparte los padres me tienen que pagar tanto extra y también nos termina afectando a nosotros, ya que nuestros hijos necesitan el psicólogo o el psicopedagogo, algunos además necesitan psicomotricista, psiquiatra, son muchas terapias”, dijo Mercedes, una de las voceras del grupo a este medio.

Otra de las mamás presentes advirtió que un becado provincial o municipal está cobrando más o menos 350 mil pesos, una maestra de apoyo está cobrando 315 mil pesos y le van a pagar cada tres meses.

“Nuestros hijos no es que van porque sí, hay un motivo, su avance, su progreso depende necesariamente de las terapias que realizan. Y pasa esto que muchas veces los centros terapéuticos o los profesionales tienen que pagar sus cuentas, alquileres, monotributo y todo lo que conlleva tener un consultorio y cuando te pagan tres meses tarde es difícil sostener eso y esto lleva a que muchos profesionales cobren de forma particular. Una consulta, una sesión de psicopedagogía por ejemplo ronda los 20 mil pesos”, remarcó Belén.

Las profesionales presentes también lamentaron la situación y en representación de los centros privados agradecieron a quienes se sumaron a visibilizar lo difícil que es brindarle una mejor calidad de vida a una persona con discapacidad.

«Necesitamos que se trate la Ley porque las instituciones no pueden más, pedimos que se actualice el nomenclador porque todo es cuesta arriba para nosotros los profesionales», dijo la terapista Guadalupe Díaz.