El oficialismo logró unificar criterios en torno al Decreto Acuerdo nº719 que modificó la ley de la Defensoría del Pueblo y avanzó con un despacho en mayoría en el que propone achicarle el mandato, la dieta y las facultades al cargo. Aun con este recorte, la oposición insistió en los cuestionamientos y los diputados no acompañaron el despacho porque no se rechazó lo que consideran el eje central del problema, que fue la designación a dedo del exministro de Educación, Dalmacio Mera.
Este viernes a primera hora hubo reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, lo que en sí fue toda una novedad porque habitualmente se reúne los lunes. El oficialismo había resuelto el jueves por la noche avanzar sobre el tratamiento del decreto acuerdo de la Defensoría del Pueblo y emitió un dictamen mayoritario en el que recomienda rechazar seis de los 22 artículos: los nº4, nº7, nº11, nº12, nº17 y nº18.
Se trata, en orden, de los artículos que modificaban el mandato del Defensor, la remuneración, las nuevas facultades extraordinarias, la estructura y su reglamento.
De esta manera, el oficialismo aprobará parcialmente el Decreto Acuerdo, con lo que la designación de Dalmacio Mera podría prosperar pero con un mandato de cinco años en lugar de 12, con la dieta de un diputado provincial en lugar de la de un vocal del Tribunal de Cuentas (igual a la de un ministro de la Corte de Justicia), y con menos facultades (entre las que se habían incluido las del disuelto Ente Regulador). Son, además, los decretos que el bloque de senadores también había acordado rechazar, por lo que en el oficialismo esperan que la aprobación del Decreto Acuerdo y los pliegos de Mera terminen de resolverse en el corto plazo.
La información del despacho emitido circuló por las redes sociales de la Cámara de Diputados, pero luego la publicación fue eliminada.
Reclamo opositor
Los diputados de la UCR y LLA cuestionaron la avanzada oficialista y aseguraron que se trata de un «intento del Ejecutivo por forzar un tratamiento exprés». «La verdadera amenaza es el mecanismo de designación: ilegítimo, inconstitucional y funcional a un modelo de control político sobre organismos que deben ser autónomos», reclamó la UCR.
«Esta maniobra busca legitimar una designación inconstitucional y distraer a la sociedad de los verdaderos problemas que enfrenta Catamarca: el colapso del sistema educativo y el deterioro salarial de los trabajadores. El decreto modifica de manera unilateral la ley de Defensoría del Pueblo, otorgando al Ejecutivo la facultad de designar ‘en comisión’ al Defensor, una atribución que vulnera la independencia del cargo y atenta contra el principio republicano de división de poderes. En base a esta norma, el gobernador nombró a Mera sin el debido proceso de selección ni el aval institucional correspondiente. No nos engañan con la derogación de uno o dos artículos menores. Rechazar puntos accesorios como la duración del mandato o la cuestión salarial sin cuestionar la facultad de designación directa por parte del Ejecutivo, implica convalidar un grave atropello institucional», reclamaron.
En el mismo sentido, cuestionaron que «la jugada del oficialismo se da en un contexto de profundo malestar social, donde el Gobierno evade sus responsabilidades frente a una educación pública en crisis y salarios estatales que no alcanzan a cubrir las necesidades básicas». «Reiteramos nuestra prioridad legislativa: discutir la emergencia educativa y garantizar un piso de dignidad para los trabajadores del Estado», remarcaron en un comunicado.
El diputado de LLA, Federico Lencina, cuestionó en las redes que «se junta la mayoría oficialista y firman el despacho sin que la oposición acompañe nada». «Despertemos de una vez, basta de atropello del gobernador y su gente», reclamó.
La oposición había intentado tratar sobre tablas este Decreto Acuerdo en la primera sesión del año para exponer las diferencias de criterio en el oficialismo, pero el bloque del FT-Unión por la Patria lo solucionó con un faltazo para no dar quórum.
Denett vs. Brizuela, otra vez
El debate desató otro episodio entre el diputado Juan Denett y Adrián Brizuela. El libertario cuestionó la maniobra del oficialismo porque «evita el debate» y Denett insinuó que podría tener algún acuerdo con el Ejecutivo. «¿Será que Brizuela acordó con el Gobierno y no quiere vetar artículos del decreto acuerdo?», se preguntó, al recriminarle su ausencia en la reunión de la comisión.