Extendida la prisión preventiva por seis meses a la pandilla Bacchiani, toca el turno del Clan Bulacios, sobre cuya condición debe expedirse el subrogante Sebastián Argibay, juez federal de Santiago del Estero que irrumpió en la escena de las criptoestafas con toda la furia, metió preso a medio plantel de “RT Inversiones” y luego hizo mutis por el foro. Seguirán los vencimientos de las preventivas del resto de los detenidos por el fraude, que aguardan los respectivos juicios en la cárcel o en sus domicilios desde hace más de tres años.
La Justicia Federal suma a su inoperancia la distorsión del instituto de la prisión preventiva, que es una medida cautelar, tendiente a impedir que los reos obstaculicen las investigaciones, prosigan con sus delitos o se fuguen.
Lo irónico es que, en el caso de las criptoestafas, la privación de la libertad no ha servido para impedir que los presos continúen moviendo dinero en sus cuentas virtuales de todos modos, con lo que solo consiguen eventualmente resguardar el fruto de sus tropelías, sino que enmarañan la pesquisa sobre el delito más importante que esgrimió el Fuero Federal para sostener su competencia: el lavado de activos.
Es decir: el desprecio por la libertad de las personas que los jueces demuestran al mantener presos a los encausados sin llevarlos a juicio, ni siquiera admite el atenuante de haber rendido algún resultado concreto.
Los encarcelamientos tienen a esta altura un sentido más político que jurídico: los jueces se resisten a excarcelar para no quedar totalmente expuestos en su impericia como directores de las investigaciones. Por lo menos, han de argüir para su coleto, los sospechosos no han disparado.
La pretensión, sin embargo, resulta difícil de sostener en cuanto se advierte el detalle de que la reticencia y demora para habilitar medidas probatorias para verificar si las criptopirámides se utilizaron para blanquear dinero ilícito.
Cuando el juez federal Miguel Contreras quiso cerrar la instrucción del expediente Bacchiani en febrero, en coincidencia con el inicio del juicio al “trader” en Córdoba, desistió ante el planteo del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que le advirtió que estaba pendiente un rastreo de cuentas que se había ofrecido a hacer el procesado Iván Segovia, contador de Adhemar Capital. Segovia realizó el rastrillaje y como consecuencia fueron imputadas otras dos personas que capturaban depósitos para Bacchiani desde Mendoza.
Lo de Argibay es todavía más burdo. En la investigación que llevó a la anulación de las absoluciones pagas por el asalto de Parque América quedó palmariamente demostrado que Matías Rolón Reynoso, el asaltado, manipulaba celulares y otros dispositivos informáticos y movía dinero en sus cuentas a pesar de estar cumpliendo prisión domiciliaria por las estafas de RT Inversiones. O sea: lo mismo daba que estuviera preso o en libertad.
Vehils Ruiz solicitó que Rolón Reynoso volviera a la cárcel y que se revirtiera la excarcelación de su hermano Gustavo, pero el santiagueño Argibay no hizo lugar al planteo. Tampoco autorizó allanamientos. Poco después, Matías Rolón Reynoso fue involucrado en la causa por estafas a usuarios de la EC SAPEM.
Argibay tiene la ventaja de vivir en Santiago del Estero, exento de las presiones catamarqueñas que gravitan sobre Contreras, más holgado para hacerse el sota.
¿Por qué no se apresuran las gestiones sobre el lavado de activos?
Las estafas están prácticamente probadas, también la asociación ilícita. Solo falta cerrar ese flanco.
Vehils Ruiz, el fiscal de ambos expedientes, recalcó que es muy poco lo que le falta para concluir, pero no consigue el aval en tiempos razonables de jueces que parecen conformarse con que los reos estén presos.