El reinicio de la actividad en la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo del Congreso de la Nación reactivó el debate sobre las condiciones de encierro en la Argentina, tanto en unidades penitenciarias para mayores como en centros cerrados de menores. En ese contexto, una resolución firmada por Patricia Bullrich alteró la accesibilidad a espacios educativos en cárceles federales.
La comisión legislativa convocó a autoridades de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), creada por la misma Bicameral en el 2017 con el objetivo de «inspeccionar y monitorear todos los lugares de detención de la Argentina, tanto federales como provinciales» y sostener «estándares internacionales de tratamiento en centros de personas mayores y de niños y niñas que están bajo custodia del Estado».
En ese sentido, el presidente de la CNPT, Juan Manuel Irrazábal, remarcó la tarea que realizaron en capacitaciones en servicios penitenciarios y agentes del Poder Judicial y el desafío que existen para garantizar presupuestos mínimos para la investigación de causas de torturas y muertes bajo custodia. Además, remarcaron que ya presentaron al Ministerio de Seguridad de la Nación un informe sobre el monitoreo que realizaron el pasado 12 de marzo en las inmediaciones del Congreso sobre «el despliegue de las fuerzas de seguridad, su equipamiento, armamento, camiones hidrantes y otros vehículos». El estudio podrá tener libre accesibilidad en las próximas semanas.
Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo
Entre los legisladores que participaron del encuentro, la diputada Lilia Lemoine (La Libertad Avanza) indagó sobre que acciones se toman contra las provincias que no homologan a las sugerencias de la CNPT y qué diferencia existen entre este organismo y la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN). Irrazábal explicó que «por mandatos legal podemos designar mecanismos ad hoc en las provincias para que puedan colaborar con nosotros en seguimientos de situaciones».
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Juan Manuel Irrazábal, titular de la CNPT.
Por su parte, el comisionado Gustavo Palmieri explicó que «no siempre el estándar de tortura internacional alcanza lo degradante para que eso active una investigación criminal» y que la CNPT opera sobre «los malos tratos que son delitos y los que son faltas administrativas», mientras que la PROCUVIN solo alcanza situaciones legales.
El senador Fernando Salino (del peronismo de Convicción Federal) preguntó por las condiciones de los centros cerrados de menores, en vísperas del debate del Régimen Penal Juvenil. «Son lugares donde los niños no hacen absolutamente nada y son abusados, golpeados y torturados», respondió la comisionada Rocío Alconada Alfonsín, quien entendió que «es difícil pensar que cualquier persona pueda salir mejor que allí». «Estamos condenando a personas al delito cuando las encarcelamos de tan pequeñas», agregó.
Nueva resolución del Ministerio de Seguridad
Esta semana, y a través de la resolución 372/2025, firmada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se definió «no habilitar el funcionamiento de centros de estudiantes en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal» y «no permitir la permanencia de personas privadas de la libertad en los centros educativos o espacios de estudio fuera del horario en que deben asistir a las clases asignadas a cada uno de los internos».
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Esta semana, una resolución de Patricia Bullrich alteró la cotidianidad en las cárceles federales.
La explicación que dio el organismo es que la actividad de los centros de estudiantes «tergiversa la finalidad de readaptación social de los internos toda vez que impide, en los hechos, el cumplimiento de las pautas del régimen de progresividad» y citan el artículo 32 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos considerando que «los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática».
El primer centro de estudiantes universitarios en una cárcel federal argentina se creó en 1985 en la Unidad de Devoto, en paralelo al lanzamiento del programa UBA XXII, que permitió por primera vez institucionalizar trayectorias de grado en contexto de encierro en toda Latinoamérica. En ese sentido, la Comisión de Estudiantes Universitarios en Contexto de Encierro emitió un comunicado remarcando que estos espacios «funcionan como pilares esenciales de las actividades académicas» y representan puntos de «organización y formación en defensa de los derechos humanos».
Informe de Fernando Brovelli.-