La administración de Donald Trump desestimó una demanda contra ley migratoria de Texas Senate Bill 4 (SB4). Esta normativa convierte en delito estatal el cruce ilegal de la frontera entre México y el estado de la Estrella Solitaria. La decisión del gobierno federal marca un triunfo para el gobernador Greg Abbott y su política migratoria, pero también abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites del poder estatal.
La Senate Bill 4, aprobada por la legislatura de Texas en 2023, permite a la policía local arrestar a personas sospechosas de haber cruzado la frontera de manera ilegal.
La normativa establece que cruzar el Río Bravo fuera de los puntos de entrada autorizados se considera un delito menor de clase B, con penas de hasta seis meses de cárcel. En caso de reincidencia, el delito se eleva a una felonía de segundo grado, que puede acarrear hasta 20 años de prisión.
Aunque la ley fue bloqueada inicialmente por el juez federal David Ezra, Texas apeló la decisión y el caso sigue pendiente en los tribunales. Ahora, con el retiro del gobierno federal de la demanda, la batalla legal recae en manos de organizaciones de derechos civiles y el condado de El Paso.
La decisión del Departamento de Justicia de abandonar el desafío legal contra la SB4 refleja el alineamiento de la administración Trump con las políticas migratorias de Texas, según destacaron en The Texas Tribune.
Sin embargo, grupos defensores de los inmigrantes argumentan que la ley invade competencias exclusivas del gobierno federal y fomenta la discriminación racial.
“Esta ley no solo es inconstitucional, sino que también abre la puerta a abusos y violaciones de derechos humanos”, declaró un representante de Texas Civil Rights Project, que representa a los grupos demandantes.
Con el retiro del gobierno federal de la demanda, la SB4 continúa su camino en los tribunales, pero ahora con un escenario legal más favorable para Texas. Sin embargo, las implicaciones de esta ley van más allá de lo jurídico:
Aunque la SB4 representa una victoria política para Greg Abbott y sus aliados, también plantea preguntas sobre el futuro de las políticas migratorias en Estados Unidos.