Los exultantes diagnósticos y pronósticos que la Casa Rosada dispara sobre la situación económica no solo no alcanzan a disipar la incertidumbre que se extiende en la sociedad, sino que comienzan a estimularla.
Empieza a hacerse muy evidente la desconexión entre el optimismo que se pretende trasmitir en base al control de la inflación y la consecuente merma de la pobreza y lo que la gente experimenta.
Aún ciertas, las cifras estadísticas no dejan de ser abstracciones; la gente se conduce de acuerdo a su experiencia concreta.
Los eventuales impactos benéficos del INDEC en el humor popular encuentran su límite en las carencias particulares.
Otras cifras compiten con las de la inflación, la pobreza y los superávits con los que machacan Milei y sus usinas.
Los indicadores se alcanzaron a costa de la caída del consumo y una restricción brutal del gasto público que afectó las jubilaciones y los ingresos de las provincias.
La recaudación ha caído en picada y el margen de maniobra de las administraciones provinciales se ha restringido significativamente.
Encima, declaraciones como las realizadas por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, revelan un desconocimiento supino de las realidades del interior para nada tranquilizante.
Tras una alusión improvisada a la composición de los ingresos de Catamarca, Sturzenegger consideró que bastaría con que la Provincia ajuste un 10% de su gasto para que pudiera prescindir de los impuestos provinciales.
La ministra de Economía Alejandra Nazareno le respondió con datos concretos sobre la variación que ha tenido esta composición.
Del 9% que representaban los tributos provinciales y regalías en 2011, pasaron al 18% en 2024. Además, en 2011 el 26% de los recursos estaban comprometidos para el pago de deudas, mientras que ahora ese gasto representa solo el 2%.
Obviamente, Sturzenegger no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, pero marca la tendencia política nacional, en el contexto de una campaña que La Libertad Avanza concentra en el área metropolitana: endilgarle responsabilidades nacionales a las provincias.
En este marco, no es casual que tanto el intendente capitalino Gustavo Saadi como el gobernador Raúl Jalil coincidieran ayer, durante el acto de inauguración del Centro de Diagnóstico de la Capital, en insistir con la importancia que tiene el Estado como elemento ordenador de la vida social.
Más allá de eso, las recaudaciones nacional y provincial han disminuido y eso impone medidas de restricción del gasto que el Gobierno comienza a barajar, amparado en la Emergencia Económica.
Lo más inmediato sería reducir los sueldos de los funcionarios revirtiendo el 6% de aumento salarial que se acordó para toda la administración pública.
También se fusionarían ministerios y otras reparticiones y se extremaría el control sobre la asistencia a los lugares de trabajo.
El Gobierno cuenta con la ventaja de no tener compromisos de deuda significativos, pero la merma de los ingresos en términos reales se prolonga.
En consecuencia, la previsibilidad para la inversión que supone el control de la inflación se diluye en la escasez de recursos para responder a la demanda social y funcional del Estado.
Es una encrucijada que recién se sortearía con una reactivación económica, pero no hay vistas de que esto vaya a producirse en el corto plazo.
En el Gobierno explican que las cuentas están equilibradas pero que es necesario precaverse. La cincha es más benigna que la brutal motosierra.