Se publicó, sin mayores detalles, el DNU que habilita al gobierno a concretar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. La norma autoriza la implementación de un Programa de Facilidades Extendidas, estableciendo un plazo de diez años para el pago de intereses. Pese a que aún se desconocen todas las exigencias del organismo, el gobierno busca extender su presencia en el país durante al menos una década más.
El gobierno, presionado por la escasez de reservas y la falta de claridad en su esquema cambiario, publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia para acceder a un nuevo acuerdo con el FMI. Acuciado por los problemas estructurales de su economía, el oficialismo decidió realizar una maniobra de dudosa legalidad para saltarse todo debate sobre la toma de deuda nueva.
Si bien a la legislación actual sobre este tema le sobran limitaciones, sobre todo si se considera que los miembros del Congreso, quienes avalaron el transcurso del ajuste actual serían los encargados de decidir la viabilidad de un nuevo acuerdo, el manejo de Milei en este asunto refleja la desesperación del gobierno por conseguir divisas frescas.
Al mismo tiempo, la posibilidad de que la gestión libertaria firme un nuevo acuerdo abre la puerta para la profundización de un ajuste mucho más violento del que se viene aplicando.
El contenido del DNU
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, consta de solo cuatro artículos y otorga al Ministerio de Economía todas las herramientas necesarias para que este cumpla con los requisitos establecidos por el Fondo. Básicamente se le otorgaría a Luis Caputo la capacidad de hacer lo que quiera con las divisas que lleguen. Es decir, que el ministro tendrá todos los recursos necesarios para poner en marcha un remake de lo que hizo en el macrismo.
Según lo establecido en el primer artículo, el decreto habilita un nuevo programa de Facilidades Extendidas con el organismo crediticio internacional, del cual aún se desconocen las condiciones específicas. Como se deja observar en la publicación oficial, este acuerdo incluiría un período de gracia de entre 4 y 6 años, y los pagos de intereses comenzarían recién después de diez años.
En cuanto al desembolso, no existen detalles precisos ni estimaciones oficiales sobre su monto. Según especulaciones de la prensa y declaraciones del ministro Caputo, se manejan cifras cercanas entre los U$S10.000 millones y U$S15.000 millones. Sin embargo, todos estos aspectos permanecen bajo estricta reserva.
Según las explicaciones del presidente, Javier Milei, en una columna[i] publicada en La Nación, este nuevo crédito, tal como lo define el postulado libertario, no aumentaría la deuda bruta del país. En palabras del mandatario la idea es la siguiente: “Así, el dinero que ingrese del FMI, el Tesoro lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central, de modo tal que la deuda bruta no sube y en caso de que la misma se utilice para rescatar títulos cuyo valor de mercado está debajo la par, la misma caerá. Por lo tanto, el acuerdo con el FMI busca restaurar el patrimonio del BCRA, para que de este modo la inflación sea solo un mal recuerdo del pasado”.
De acuerdo con el planteamiento libertario, finalizar la deuda del Tesoro con el BCRA mejoraría el balance de este último solo si no se utilizan los dólares otorgados por el FMI para otros fines. Continuando con la lógica de este sistema de pensamiento libertario, si el Banco Central (entendido como organismo emisor de moneda) restaura su patrimonio, la emisión monetaria perdería sentido, convirtiendo la inflación en un problema del pasado. Se trata de un razonamiento complejo, producto de una estructura lógica y científica poco sólida. Además, para los lectores, es válida la desconfianza que se pueda generar con el cambio radical en la visión libertaria sobre el destino del Banco Central, que pasó de proponer su desmantelamiento a buscar su fortalecimiento.
Pero como todo lo que desarrolla este gobierno, por medio de este disparate que no resiste análisis alguno, se está queriendo vender una nueva estafa, la cual nos colocaría bajo los designios del FMI por otra década más.
Lejos del complejo análisis que intenta llevar adelante el presidente, la desesperación por captar fondos frescos reside en lo descripto hace unos párrafos: el problema de las reservas desnutridas y las constantes presiones que reciben en el mercado cambiario. Cuestiones que nada tienen que ver con la idea de mejorar el patrimonio del Banco Central.
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La reedición de una nueva estafa
La estructura del plan económico comienza a revelar, de manera cada vez más obscena, sus debilidades. La aceleración impulsada por la publicación del DNU responde a la necesidad del gobierno de sostener la burbuja financiera en la que se basa este programa libertario.
La idea de habilitar un nuevo acuerdo con el FMI mediante un DNU (eludiendo el debate parlamentario) provino de un personaje arraigado en la casta política: Leonardo Madcur, abogado sanjuanino que fue jefe de asesores del candidato presidencial peronista, Sergio Massa, y hoy representa a Argentina en el directorio del Fondo. Este caso ejemplifica cómo las fuerzas tradicionales y los nuevos movimientos de ultraderecha comparten mecanismos que perpetúan estas prácticas, más allá de sus discursos.
Por otro lado, el ministro de Economía, fiel a su estilo, busca responder a quienes confiaron en su modelo de timba financiera. Un escenario similar al que protagonizó durante el gobierno de Mauricio Macri, donde el préstamo del FMI sirvió como puente para alcanzar cierta estabilidad previa a las elecciones.
A pesar del DNU, aún no hay consenso total ni confirmación oficial del FMI sobre el nuevo programa. La letra chica sigue oculta y allí se centran las discusiones: el ritmo para levantar el cepo cambiario y la forma de eliminar restricciones aún son inciertos. Ambos actores saben que un temblor en los mercados materializaría las predicciones de Cavallo: una devaluación desestabilizadora antes de octubre sería letal para el oficialismo y agravaría la crisis con el FMI, del cual Argentina sigue siendo el principal deudor.
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Institucionalmente, el decreto debe pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, donde podría ser rechazado si ambas cámaras lo acuerdan. Un funcionamiento implementado por Cristina Fernández de Kirchner, quien habilitó una dinámica donde es más fácil la aprobación de un decreto que el tratamiento de una ley.
Según los medios, los aliados políticos del gobierno no vieron con muy buenos ojos esta jugada. En el caso del PRO, Cristian Ritondo aclaró que su bancada no estaría dispuesta a votar un contrato sin conocer el contenido del mismo. Los diputados del bloque del MID y los que responden a Pichetto sueltan la misma respuesta. Por supuesto, observando las actuaciones de estos personajes durante toda la gestión libertaria, estas declaraciones pueden cambiar de sentido en cualquier momento.
Ya ha quedado claro la nula confianza que se puede depositar en cualquiera de los personajes que actúan en estas Cámaras, a pesar de estas recientes declaraciones. Durante toda la gestión del oficialismo, las fuerzas tradicionales han aportador su voto para que las medidas de este gobierno se puedan hacer realidad. La gestión libertaria apunta a esto, en donde las fuerzas del parlamento, dominadas por los gobernadores den la garantía para que el Decreto pueda mantenerse en vida. Las experiencias de la Ley Bases o la votación por la conformación de la comisión investigadora nos confirman que los sobres podrían volar para que los votos se garanticen.
El FMI se tiene que ir y Milei también
Los pronósticos para las mayorías trabajadoras y los sectores populares bajo un nuevo programa del FMI no fueron, no son ni serán favorables. Ni siquiera la existencia de una ley, como la impulsada por el exministro Guzmán en 2021, garantiza que prevalezcan las necesidades de los trabajadores; por el contrario, las ignora.
La experiencia, desde el macrismo hasta la actualidad, demuestra que las exigencias del FMI son siempre las mismas: contrarreformas previsionales, laborales y tributarias. Frente a la crisis que atraviesa el país, cabe preguntarse: ¿qué más queda por ajustar? Los jubilados, con sus marchas semanales cada miércoles, han dejado en evidencia los ingresos miserables que este gobierno les otorga. La educación se ha convertido en otra variable de recorte, mientras la licuación de salarios sumerge a la mitad de la población en la pobreza. Ante un nuevo acuerdo con el FMI, ¿dónde están los límites?
Estos planteamientos, sumados a otros como la entrega de recursos naturales y sus consecuencias, exigen terminar con estas prácticas criminales. Desde el MST en el FIT-U, proponemos desconocer y romper todo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ni un peso más debe fugarse hacia organismos usureros: esos recursos deben destinarse a las urgencias de la clase trabajadora. Vivir bajo la hoja de ruta de estos organismos es una inmoralidad que se refleja incluso en la escasez de recursos para responder a catástrofes como la de Bahía Blanca.
En teoría, el Congreso podría frenar esta estafa orquestada por Milei. Sin embargo, la experiencia hasta ahora demuestra que el Parlamento prioriza acuerdos bajo la mesa antes que soluciones reales. Por ello, la confianza en esta vía es nula. La fuerza debe dirigirse hacia otro lado: la movilización en las calles, la organización desde las bases, sin direcciones políticas y sindicales que frenen los procesos, son algunas de las claves para derrotar este gobierno.
Las jornadas del 1F y el 8M confirmaron que la indignación y las ganas de luchar existen. El 24M debe ser una cita decisiva para empezar a poner fin a este gobierno.
[i] https://www.lanacion.com.ar/economia/opinion-acuerdo-con-el-fmi-sanear-el-bcra-para-terminar-con-la-inflacion-nid08032025/